Inseguridad en el campo. Por Eladio Aniorte, presidente de ASAJA-Alicante

Parece -según nos cuentan quienes están haciéndose cargo del problema en estos momentos- que las Fuerzas de Seguridad del Estado se han reforzado y se están adoptando muchas medidas, pero que llevará algún tiempo hasta que obtengamos los resultados esperados. Así nos lo hizo saber, el pasado lunes, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé a un nutrido grupo de empresarios alicantinos en la sede de COEPA. No voy a poner en duda la intención del gobierno de atajar los altos índices de violencia a los que asistimos, pero lo cierto es que la tasa de inseguridad y criminalidad sigue creciendo para todos los ciudadanos y en especial para los que vivimos y trabajamos en el campo.

Resulta que el campo es un medio abierto, al aire libre, pero también muy vulnerable, donde los amigos de lo ajeno campan a sus anchas porque no hay vigilancia y porque aquí no llegan esos efectivos que se están incorporando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, el campo alicantino resulta un lugar idóneo para hurtos y delitos menores a los que se les da poca o ninguna importancia. Habría que preguntarse de dónde salen esos maleteros llenos de alcachofas que se venden, casi se regalan, en algunos mercados. ¿A quién le importa que en éste o aquél huerto se lleven 10 o 12 cajas de limones? ¿Quién persigue al delincuente que roba en una finca agrícola? ¿Es que no se trata de una propiedad privada como puede ser una joyería o cualquier otro comercio?

Pero además, los que trabajamos en el campo, también vivimos allí. Cuando a media noche se oyen ruidos y voces en el huerto, junto a la vivienda del agricultor, ¿quién tiene agallas para salir y decirles que no toquen nada? El agricultor prudente calla temiendo por la vida de su familia y se limita a suplicar para que, por la mañana, no le hayan destrozado la cosecha, pues los ladrones rara vez entienden de agricultura y entre la nocturnidad y las prisas arrancan sin mirar lo que se llevan por delante. La mayor parte de las veces cortan por donde no se debe y ponen en serio peligro las futuras cosechas. Eso cuando no se llevan con ellos la maquinaria agraria y demás enseres que encuentran a su paso. Mientras el agricultor, impotente, escucha y aguarda el alba para poder evaluar el tamaño de los destrozos y es que el miedo está cada vez más asentado en el agro alicantino.

Las autoridades nos dicen que para actuar, primero hay que denunciar. Pero la inseguridad ha llegado a unos niveles en los que el agricultor está más preocupado por salvaguardar la propia vida que por las agresiones que puedan cometerse contra su propiedad privada. Y hablar de denunciar, ya son palabras mayores, porque los agricultores temen las posibles represalias derivadas de la denuncia y además, ¿quién les iba a hacer caso en Comisaría por denunciar el robo de productos agrarios? Lejos de penalizarlo, las autoridades lo entienden como un delito menor, casi una picardía, porque al fin y al cabo, lo que se roba son frutas y hortalizas y no importa de quién sean o lo mucho que le haya costado al agricultor producirlas. Otro gallo cantaría si la mercancía robada fueran televisores o joyas.

Sin agua para regar, con unos elevadísimos costes de producción, con la falta de mano de obra cualificada y con la feroz competencia que nos llega de terceros países, qué más da una caja de fruta más que una menos en el mercado. Una vez más, es la maltrecha economía del agricultor la que tiene que asumir el coste de estos daños.

Por otra parte y sin ánimo de relacionar gratuitamente inmigración y delincuencia, lo que no se puede negar es que en la provincia ha proliferado la aparición de bandas organizadas de diferentes nacionalidades que se están especializando en el robo y la extorsión en el medio rural, sobre todo en la Vega Baja y el campo de Elche. Los agricultores somos los primeros que demandamos mano de obra inmigrante para trabajar en nuestras explotaciones agrarias, pero también es fundamental que desde la Administración se pongan los medios para estas personas cumplan el objeto del contrato por el que han venido a trabajar a España. Son muchas las personas inmigrantes que buscan en la agricultura una puerta de acceso para conseguir los papeles para, una vez obtenido el permiso, dedicarse a otros menesteres. Es aquí donde realmente se hace necesaria la vigilancia y donde el Ministerio tiene que tomar medidas para poner fin a estas prácticas.