ESPAÑA 23/03/2006
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, recuerda, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, que la clave para el futuro del campo está en la gestión eficaz de los recursos hídricos y en la apuesta decidida por la agricultura profesional sostenible, en su triple vertiente económica, social y medioambiental.
La organización agraria comparte las directrices actuales en materia de agua y las promueve, en su ámbito de actuación, fomentando la necesidad de compaginar el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales con las actividades agrarias, sin que ello signifique un riesgo ni para esos recursos ni para el agricultor y el ganadero.
En ese sentido, COAG Andalucía considera muy beneficiosas las precipitaciones de las últimas semanas, que han roto la escasez de los primeros meses del año hidrológico, y estima que deben traducirse en una mejora importante de la eficiencia de las dotaciones de riego, ya que el suelo, al haber recibido ya agua (en algún caso, hasta la saturación), necesita un menor aporte hídrico para ofrecer el mismo resultado.
Además, las lluvias han supuesto un alivio para la agricultura de secano, que en algunos casos ya casi ha cubierto el ciclo, y para la ganadería, al favorecer el crecimiento de los pastos y la floración para la alimentación de las colmenas.
COAG también destaca que las lluvias han aumentado las reservas, por lo que se podrán garantizar los usos de abastecimiento, medioambiental y riegos, pudiendo, en algunas zonas, incrementarse la cantidad desembalsada.
La organización agraria quiere, asimismo, recordar la necesidad de priorizar aquellas zonas y cultivos que sustentan un amplio tejido social y elaborar planes específicos para zonas con dotaciones por debajo de la media. Además, COAG opina que la sequía debe ser una cuestión en consideración permanente, y las medidas que se adopten para paliarla, entre ellas las obras hidráulicas, deben ser fruto de una planificación lógica, no de urgencias puntuales. En ese sentido, la organización apunta que no es admisible que en muchos casos los trámites de Evaluación de Impacto Ambiental duren más de 1.300 días, obligando en ocasiones a recurrir a tramitaciones de urgencia para resolver cuestiones que deben realizarse cuando están previstas.
