Al conocer el documento del acuerdo entre algunos Estados Miembros (Francia, España, Portugal e Italia) con una posición de mínimos sobre la reforma de la OCM, la Federación Española del Vino quiere expresar su decepción por la falta de ambición que la Administración Española demuestra ante esta importante oportunidad para el sector vitivinícola español.
La reglamentación europea del vino contiene de una parte la normativa de producción y clasificación de los vinos, sin ninguna incidencia presupuestaria, pero con gran efecto económico en el sector, y de otra, los clásicos mecanismos de subsidio previstos en la política agrícola común que ascienden a más de 1.300 millones de euros anuales.
La FEV propone que se liberalice el sector y se adopte una verdadera política vitivinícola, se eliminen la prohibiciones de nuevas plantaciones en 2010, se permita la mejor adaptación de vinos sin indicación geográfica a las exigencias del consumidor para poder competir con los países terceros que están ganando cuota de mercado y se pueda promocionar el vino como bebida saludable. Por otra parte la FEV ve riesgos graves en que la distribución de subvenciones suponga una distorsión de la competencia. Salvo la ayuda a los alcoholes de uso de boca y mostos con destino a zumos, que salen del circuito vitivinícola y que son productos que tienen una demanda del mercado, el resto de ayudas pueden ser utilizadas políticamente. Por eso la FEV no quiere descartar que se contemplen los mecanismos de la nueva PAC, como son las ayudas desacopladas directamente percibidas por el viticultor, como ocurre en el aceite de oliva. Francia y la organización de productores europea (COPA-COGECA) se han opuesto de entrada a las ayudas desacopladas y directas a los productores.
El documento – que refleja una fuerte influencia de las posiciones francesas- y que se supone firmarán los ministros de agricultura de esos países, pone su énfasis en mantener una serie de mecanismos de intervención que han demostrado poca efectividad en la adaptación del sector al mercado y disminuyen la capacidad de competir de los vinos españoles. Además plantea un sistema de distribución de ayudas por medio de organizaciones de productores, similar al sector de frutas y hortalizas, que es totalmente inaplicable al sector del vino. También mantiene el principio de prohibición de plantaciones, siendo el viñedo el único cultivo que está prohibido y contingentado, generándose un sistema de derechos de plantación, que supone una carga administrativa enorme y casi imposible de gestionar y que elimina cualquier capacidad de reacción entre las exigencias del mercado y la producción.
Finalmente, para la FEV, el documento ministerial no da ninguna respuesta a la altura de los nuevos retos que tiene planteados el sector: situarse en la nueva política europea de defensa del consumidor, dar respuesta a las nuevas exigencias sociales en el entorno de las bebidas alcohólicas y presentar una política agresiva de comercio exterior, ámbito prioritario en el que los vinos europeos pueden crecer en el futuro.
