COAG Andalucía considera que los presupuestos de la consejería de agricultura son “continuistas” y que los montantes asignados no responden a las necesidades del sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha comparecido hoy ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento Andaluz. En su intervención, esta organización agraria ha reiterado que los presupuestos de la consejería de Agricultura y Pesca para el período 2006/2007 son “continuistas”, en la línea de lo ocurrido en años anteriores, y subsidiarios de las políticas comunitarias, con montantes asignados que no responden a las necesidades del sector.

En opinión de COAG Andalucía, en un contexto general de optimismo económico (las previsiones hablan de un 3,3% de crecimiento estimado de la economía andaluza), con unos presupuestos autonómicos que suben un 6,6%, la actividad agraria pierde peso relativo, ya que el crecimiento presupuestario para el año 2007 se sitúa en el 5,5%.

Si miramos el capítulo destinado a inversiones, encontramos que, sin contar los 65,5 millones de euros destinados a intereses de los préstamos por sequía y heladas y a la puesta en marcha del Plan para la Recuperación del Olivar, la capacidad inversora de la consejería que encabeza Isaías Pérez Saldaña ha descendido en un 2,8%. Por tanto, la cifra real de inversiones en la política agraria andaluza disminuye 1,8 millones de euros.

De esto se deduce que la grave situación por la que atraviesa el sector agrario andaluz como consecuencia de las heladas y sequías ha sido paliada a costa del propio sector, al no haberse incorporado fondos extraordinarios que permitieran hacerle frente manteniendo la capacidad inversora en la mejora del sector.

Por otra parte, el año 2007 supone el inicio de un nuevo marco comunitario de apoyo, caracterizado por la plena aplicación de la reforma intermedia de la política agraria común y su elemento más definidor: el pago único. Esto significa que los fondos FAGA van a verse afectados, tanto cuantitativa como cualitativamente: cuantitativamente, porque la modulación detraerá parte de los fondos hasta ahora asignados a agricultores y ganaderos sin que ello suponga un reintegro global de dichos fondos a medidas de desarrollo rural para el sector agrario. Y cualitativamente, porque la distribución de los mencionados fondos FAGA se ve afectada por el desacoplamiento, y tendrá importantes consecuencias (en función de su grado de acoplamiento) en sectores importantes para la economía de nuestra región.

Una buena muestra de lo que puede suceder la tenemos en el caso del algodón, un cultivo que se ha visto seriamente afectado por una reforma que ha provocado que la superficie cultivada se vea reducida en un 35 %, amenazando de muerte al sector. Por este motivo, entre otros, el tribunal de la Unión Europea ha anulado la reforma del régimen del ayudas de este cultivo, aunque el sistema se seguirá aplicando el año que viene porque la comisión ha decidido retrasar el nuevo régimen hasta el año 2008.

Ante el desmantelamiento progresivo de la política agraria comunitaria, COAG Andalucía considera fundamental que la política agraria andaluza disponga de fondos suficientes para reorientar las producciones y poder así garantizar el mantenimiento de la capacidad productiva de nuestras explotaciones y, con ello, la generación de empleo y riqueza en el medio rural.

Por ejemplo, en un sector de tanto calado social en nuestra región como es la remolacha, el nuevo régimen de ayudas aprobado en noviembre de 2005 ha provocado un descenso de los precios para el agricultor del 32 % en la campaña 2006/2007. Los pagos adicionales establecidos alcanzan los 35,20 € por tonelada, con lo cual, si consideramos que los costes de producción se sitúan en torno a los 36 € por tonelada, sería necesario un aporte económico de 0,8 €/tn. (lo que supone un montante total de 1,67 millones de euros) para mantener la actividad en el territorio.

Para llevar a cabo medidas como ésta, es necesario que Andalucía se dote de una política agraria propia, tomando la iniciativa y desarrollando medidas que garanticen el mantenimiento de la actividad agraria y la población rural en extensos territorios de nuestra geografía. El simple seguimiento de las políticas comunitarias ya no es suficiente para conseguirlo.

En la intervención realizada ante los miembros de la comisión de presupuestos, los representantes de COAG Andalucía han destacado además las consecuencias de la falta de recursos propios.

Entre esas consecuencias, destacan el fracaso en la política de modernización de explotaciones y en la incorporación de jóvenes (la partida destinada a formación de jóvenes en programas de primera instalación se ha visto reducida en un 51%) y la falta de recursos para hacer frente a las necesidades del sector ganadero (el montante destinado a traslado de explotaciones y la construcción de centros de aislamiento ha disminuido casi un 24%, y a ese descenso hay que sumarle la congelación de la partida destinada a apoyar la producción integrada, justamente en el año en que entran en vigor los reglamentos específicos).

A esto hay que añadirle la insuficiencia de recursos para la creación de una estructura comercial andaluza fuerte, que permita que el valor añadido de los productos no lo acapare la distribución, sino que revierta en los productores.