Sudáfrica 07/11/2005
Según el último informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con sede en Copenhague, el principio ''el que contamina, paga'', basado en impuestos y gravámenes, reduce el volumen de agua contaminada y es la forma más rentable desde el punto de vista económico para cumplir la legislación comunitara. El estudio piloto ''Effectiveness of Urban Wastewater Treatment Policies in Selected Countries'' analiza los logros y los fracasos de las políticas de tratamiento de aguas residuales de Dinamarca, España, Estonia, Francia, los Países Bajos y Polonia. El estudio explica asimismo la relación que hay entre una gestión efectiva de las aguas residuales y las políticas subyacentes a dicha gestión.
Tres décadas de esfuerzos para limpiar las aguas superficiales de Europa no han logrado impedir que, todavía hoy, las aguas residuales ''sin depurar'' continúen contaminando las aguas del continente. Varios Estados miembros de la UE no cumplen las disposiciones de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, adoptada en el año 1991 con vistas a acabar con la contaminación de las aguas residuales para el año 2000.
El modelo de los Países Bajos, basado en la imposición de altos gravámenes a quien contamina el agua y en la obligación de que asuma todos los costes relacionados con el alcantarillado, no sólo es el ejemplo que más se acerca a lo contemplado por la legislación sino también el más rentable de los estudiados. Según el informe, la ausencia de impuestos que graven las actividades que contaminan el agua en Francia y España hará que estos dos países no puedan cumplir los objetivos previstos para 2005 aplicando sistemas rentables. Dinamarca, con una reducción de los vertidos del 90%, cumple la Directiva en su totalidad.
''El ejemplo de los Países Bajos muestra lo rentable que resulta atajar el problema en su origen, evitando la contaminación de las aguas, en lugar de pagar los costes de su depuración '' explica Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Los dos nuevos Estados miembros considerados en el estudio, Estonia y Polonia, tienen de plazo hasta el año 2010 para cumplir la Directiva. Sin embargo, para que ambos países puedan alcanzar los objetivos necesitarán importantes ayudas de la UE. En varios Estados miembros los costes de las medidas para controlar la contaminación del agua han supuesto más del 50% de todas las inversiones realizadas en las últimas décadas para proteger el medio ambiente.
Los nuevos Estados miembros recibirán una parte considerable de las subvenciones de la UE (cobertura: entre el 75 y el 85% de los costes) provenientes de los 336.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión comunitarios. Se calcula que, para que estos países cumplan los plazos, será necesario aumentar las ayudas hasta alcanzar los 40 o 50 euros por habitante.
''El riesgo es que los nuevos Estados miembros sientan la tentación de construir nuevas plantas depuradoras en lugar de decidirse por la opción más rentable: hacer frente a la causa del problema'' declara Jacqueline McGlade.
