El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha acusado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de ''dar carpetazo definitivo al problema del agua de la Región sin ofrecer soluciones viables a cambio'', después de que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicase la orden de anular las expropiaciones del trasvase del Ebro.
Según advirtió en un comunicado de prensa, esta medida administrativa ''es un paso más que demuestra la insolidaridad del Ejecutivo central con el Levante español, e impide la llegada del agua que sobra a la Región, y es un ejemplo claro de la supeditación del nuevo Gobierno a los nacionalistas catalanes''.
Cerdá reprocha que en poco más de un mes el Gobierno ''se haya cargado'' 25 años de estudios técnicos que demostraban la necesidad y la viabilidad del trasvase del Ebro.
Recuerda además que la decisión que dejaba sin efecto las expropiaciones de suelo para construir el trasvase del Ebro fue adoptada por el Consejo de Ministros del pasado 18 de junio, y que la orden fue cursada el pasado 29 de julio por el director General del Agua, Juan José López Martos.
Según comentó, el responsable de Agua del Ministerio de Medio Ambiente dicta en el diario valenciano la caducidad y archivo del expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras.
El decreto que anula el trasvase del Ebro supone, según Cerdá, ''un gasto de 4,2 millones de euros a todos los españoles, ya que el Ministerio de Medio Ambiente debe indemnizar a las empresas que ya estaban construyendo las obras''.
Cerdá indica así mismo que también se deberán indemnizar a los dueños de los terrenos por los que pasaba el trasvase cuya actividad se haya visto afectada.
