El Comité Económico y Social Europeo (CESE) debatió sobre un proyecto de informe a favor de prohibir el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados en las zonas donde esta producción impida otros tipos de agricultura.
El cultivo de transgénicos ''debe prohibirse cuando no permita producir sin OGM'' o suponga ''obstáculos desproporcionados'' para la agricultura convencional o biológica, según ese documento.
El texto, que trata sobre la compatibilidad entre OGM y otros cultivos, resalta que las Administraciones regionales deben establecer disposiciones para valorar la plantación de transgénicos ''según la relación entre costes y ventajas'' que presenten para la región y para ''si fuera necesario, prohibirlos''.
Este informe debe ser aprobado aún por el CESE e insiste en la necesidad de establecer una norma comunitaria que regule la coexistencia entre distintos tipos de agricultura.
Su ponente, el alemán Bernd Voss, defiende que haya una legislación comunitaria sobre las normas del etiquetado de OGM en las semillas tradicionales y acerca de la presencia involuntaria de restos de transgénicos en estas simientes.
Solicita que se establezca un ''marco jurídico'' y normas de buenas prácticas en materia de OGM, así como la financiación de los costes suplementarios que pueden suponer para los agricultores.
Reclama que se regule la responsabilidad civil tanto de los usuarios como de los abastecedores de OGM, respecto a los daños económicos que puede provocar la coexistencia de estos organismos con otras agriculturas.
El texto insiste en que existen reglas claras sobre la presencia de transgénicos en los alimentos y piensos, pero no en el caso de las semillas.
La Comisión Europea (CE) considera que la coexistencia con OGM es competencia de los Gobiernos nacionales y regionales, en colaboración con los agricultores.
Asimismo, Bruselas está a favor de que algunos productores acuerden no producir OGM en una zona, pero no apoya que las autoridades nacionales o regionales decidan prohibir los transgénicos en un región.
La convivencia entre OGM y otros cultivos puede suponer costes adicionales que oscilan entre 126 euros por hectárea, en la siembra de la colza y de 232 euros por hectárea, en el maíz según datos del Centro de Investigación Conjunta de la CE, difundidos por el CESE.
En el caso de que hubiera gastos adicionales de este tipo en el 80% de la zona de producción de maíz de la UE, que en total abarca 6,2 millones de hectáreas, incrementaría los costes en 300 millones de euros anualmente, según las mismas fuentes.
Actualmente, España es el único país comunitario que cultiva OGM que se comercializa para alimentos humanos o piensos -un maíz para la alimentación animal-.
Algunos países preparan normas sobre la coexistencia, como Dinamarca, que ha fijado un fondo colectivo para compensar a los agricultores que no plantan OGM de las pérdidas a causa de esos organismos; el Parlamento alemán ha aprobado un sistema de responsabilidad ilimitada para los productores responsables del ''daño''.
El informe puede ser modificado aún antes de que sea aprobado por el pleno del CESE, previsiblemente en octubre.
El CESE es un órgano consultivo en el que están representados los sectores de la sociedad civil de la UE.
