ESPAÑA 09/07/2004
El secretario general del ministerio de Agricultura, Fernando Moraleda, mostró su ''satisfacción'' por el informe que sobre el fraude del lino ha elaborado la Fiscalía Anticorrupción, en el que se piden penas de cárcel para diecinueve imputados, entre ellos el ex-director general del FEGA, Nicolás López de Coca.
En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha (RCM), Moraleda afirmó que se trata del informe sobre ayudas agrícolas más importante sobre el que se pronuncia la Fiscalía Anticorrupción por la petición de responsabilidades a altos cargos y dirigentes públicos.
También mostró su satisfacción porque en las diligencias se exima de culpa a miles de agricultores, lo que demuestra -dijo- que la mayoría de los agricultores españoles que se beneficiaron de las ayudas no fueron responsables de un delito.
Para Moraleda, tras el escándalo del lino las administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas, deben ser transparentes en la aplicación de las ayudas europeas.
A juicio de Moraleda, ex-secretario general de la UPA, las subvenciones deben aplicarse para lo que están diseñadas, es decir, para el sostenimiento de la actividad agraria y con transparencia para que tengan apoyo social.
El número dos del ministerio de Agricultura señaló también que en la comisión de investigación constituida en su día en el Congreso sobre el presunto fraude del lino se produjo una reacción política en las filas del gobierno del PP, entonces en el poder, y no institucional.
Insistió en que en aquel momento, el Gobierno del PP intentó, primero, meter a todos los agricultores en el escándalo y atribuyó la responsabilidad a quién lo denunció, es decir, al Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ahora, aseguró Moraleda, la fiscalía pone de manifiesto que están fuera de cualquier imputación todos los agricultores que cultivaban lino, a excepción de los ahora imputados.
Para Fernando Moraleda, el tiempo ha dado y quitado razones y desde el ministerio de Agricultura, ''miramos para adelante y trabajamos para que las instituciones sigan las leyes, para promover su cumplimiento y para que las ayudas sean transparentes y vayan a sus beneficiaros, los agricultores''.
Tras la multa millonaria impuesta a España por la UE, el ministerio Agricultura ''lo que pretende es que al erario publico español le cueste lo menos posible''.
Recordó que aunque este fraude se produjo en la época del PP es el Gobierno actual el que tendrá que hacer frente a esa situación y ''nosotros lo que vamos a intentar es pagar lo menos posible a Bruselas''.
Pero, ''también hemos de ser claros en la denuncia de los hechos y no excusar a quienes fueron los responsables y los efectos que provocaron en la credibilidad de nuestro país en Europa y en el conjunto de la sociedad''.
''El ministerio -añadió- demostrará ante Europa que no todo el cultivo del lino que se plantaba en nuestro país fue fraudulento y lo argumentará jurídicamente porque fue una minoría frente a miles de agricultores que legalmente cursaron las ayudas''.
