ESPAÑA 24/06/2004
El Congreso rechazó una proposición no de ley del PP por la que se solicitaba al Gobierno una evaluación ambiental de la alternativa al trasvase del Ebro aprobada el pasado viernes por el Ejecutivo.
Por 169 votos en contra, 130 a favor y 9 abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja impidió que la propuesta del Grupo Popular saliera adelante, aunque todos los grupos coincidieron en la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una evaluación ambiental estratégica de la alternativa y las actuaciones, y que ésta se desarrolle durante el trámite en las Cortes como proyecto de ley.
Esta última propuesta la materializó el Grupo Socialista al presentar una enmienda de sustitución que no fue aceptada por el PP, al igual que otras dos enmiendas en similares términos presentadas por los grupos ICV-IU y ERC.
La portavoz del PP, María Angeles Ramón-Llin, señaló que la alternativa al trasvase está basada en la desalinización, una técnica que conlleva ''un elevado consumo energético y una producción de residuos de elevada salinidad con repercusiones negativas sobre el entorno''.
Afirmó que el Gobierno ha derogado el trasvase para cumplir una promesa electoral ''sin pensar en que su alternativa no es solución al problema y tiene repercusiones ambientales''.
Explicó que es necesaria una evaluación estratégica ambiental del conjunto de la alternativa socialista, porque ''hay que tener en esta plantas ''generan contaminación'' y por ello ''queremos conocer su impacto'', afirmó Ramón-Llin.
Asimismo consideró ''vital'' la elaboración de una evaluación ambiental para la obtención de fondos europeos y también para aplicar las medidas correctoras en cada una de las plantas.
En contra se pronunció la diputada socialista María del Carmen Ortiz, quien acusó al PP de ''repentina preocupación ambiental'' y presentó una enmienda por la que se pedía al Gobierno la elaboración de una evaluación ambiental de la alternativa al trasvase durante el trámite parlamentario como ley del real decreto.
También en la misma línea se expresó el portavoz de ICV-IU, Joan Herrera, quien pidió al Gobierno una evaluación ambiental ''bien hecha, con rigor científico, algo que no se hizo con el trasvase del Ebro''.
Expresó que la desalinización ''no es la solución óptima'' y apostó por la gestión de la demanda, al igual que la diputada de ERC, Rosa María Bonás, para quien el trasvase ponía en peligro el medio ambiente.
El diputado del CHA, José Antonio Labordeta, manifestó que la salmuera resultante de la desalinización no es un producto tóxico y pidió al PP que deje de ''llamar a la guerra santa'', porque de 200 informes científicos sobre el trasvase, 190 eran desfavorables.
EAJ-PNV se abstuvo en la proposición no de ley del PP y su diputado, Emilio Olabarría, señaló que cualquier decisión sobre la desalinización debe tener en cuenta los costes ambientales, económicos y sociales, mientras que el portavoz de CIU, Josep María Guinart, señaló que no hay unanimidad entre los científicos sobre el impacto ecológico de la desalinización.
