La Comisión Europea autorizó la concesión de préstamos por valor de 30 millones de euros para las industrias de extracción, refinado y envasado de aceite de orujo de oliva en España afectadas por la suspensión del mercado decretada en julio de 2001 debido a una alerta sanitaria.
En julio de 2001, la administración española suspendió el mercado del aceite de orujo de oliva tras detectar en algunos aceites la presencia de determinados compuestos del grupo de hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre ellos el benzopireno, que es un producto cancerígeno.
Ante la falta de una legislación específica sobre este tema, las autoridades españolas aprobaron una orden que establece límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite de orujo de oliva.
Por ello, los productores tuvieron que retirar todo el aceite de orujo de oliva del mercado y enviarlo para que fuera refinado de nuevo con el fin de eliminar cualquier rastro de esos productos.
El coste de esta operación, asumido en su totalidad por la industria, fue muy elevado, por lo que las autoridades españolas decidieron conceder una ayuda para financiar el ajuste del proceso de producción a las nuevas especificaciones establecidas en la legislación.
Esta ayuda estatal se realizó en forma de préstamos de hasta un máximo de 30 millones de euros, con un tipo de interés del 3%, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, que también podía subvencionar las garantías para esas ayudas.
Los préstamos tenían una duración de un año y su importe variaba en función del beneficiario.
La Comisión ha analizado las ayudas y considera que son compatibles con el Tratado ya que facilitó el desarrollo de actividades económicas en el sector del aceite de orujo de oliva.
