ESPAÑA 20/05/2004
La decisión de la Comisión Europea de autorizar la importación y comercialización en la Unión Europea (UE) del maíz dulce BT-11 y poner fin así a la moratoria sobre transgénicos fue acogida con fuertes divergencias por los distintos agentes sociales implicados.
Las organizaciones profesionales agrarias COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños de Agricultores) lamentaron esa decisión que calificaron de imprudente, mientras que la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) mostró su apoyo a esta autorización.
ASAJA considera que se trata de un paso adelante hacia la normalización del mercado agrario y mientras que COAG advirtió de que no hay aún un marco legislativo adecuado para liberalizar la venta de transgénicos, UPA critica que aún son deficientes las evaluaciones existentes en materia de riesgos sanitarios y medioambientales.
Por el contrario, la patronal biotecnológica (Asebio) aplaudió sin reservas esta decisión y recordó que este tipo de maíz, plenamente garantizado, se puede consumir en Argentina, Australia, Canadá, Corea, China, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.
A su vez, la Fundación para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación (Antama) valoró la aprobación de esta variedad, ya que ''supone un primer paso para la aprobación de futuros productos biotecnológicos y para el desarrollo de esta industria en Europa''.
En cambio las organizaciones ecologistas, que lamentaron esta decisión, exigieron a los responsables de los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura medidas urgentes para proteger el medio ambiente, la salud pública y la sostenibilidad agrícola en la liberación de organismos modificados genéticamente.
Desde la Administración, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró ''sorprendida'' por esta decisión y constató su deseo de conocer en profundidad la misma.
Anunció que el Gobierno tratará de ''aumentar la prudencia en la capacidad de control hacia todo lo que es una herencia del anterior Gobierno, que ha convertido a España en el gran granero del maíz transgénico de Europa''.
Fuentes del Ministerio de Agricultura explicaron que el no permitir a los agricultores comunitarios cultivar el nuevo maíz supondrá ''un agravio comparativo'' para los productores, a la vez que recordaron que España se abstuvo en el último Consejo de Ministros de Agricultura porque consideró que faltan informes científicos sobre el tema.
