ESPAÑA 26/05/2004
El Gobierno remitirá a las Cortes con carácter urgente un Proyecto de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para transponer la Directiva Comunitaria 2000/35, que establece el derecho de pago con intereses cuando el plazo excede los 31 días en una transacción comercial.
Así lo anunció el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, donde avanzó que tratarán de que las comisiones de los comerciantes por los pagos con tarjeta ''sean más ventajosas''
José Montilla, que recordó que España tiene abierto un procedimiento de infracción por no transponer dicha directiva, explicó que el objetivo de esta iniciativa es corregir la posición de privilegio de ciertos operadores, ''que ahogan al productor y compiten deslealmente con el pequeño comercio''.
Explicó que su Departamento tratará de que las comisiones de las entidades bancarias en los pagos con tarjeta resulten más ventajosas para los comerciantes y ''se eviten tratamientos discriminatorios''.
Anunció que reformará la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, para incorporar la normativa de la Unión Europea sobre las promociones de venta, las prácticas comerciales desleales y la Directiva de Servicios en mercado interior, ''normativa que recogerá las directivas de junio de 2003 del Tribunal Constitucional''.
Montilla informó de que abordarán un nuevo Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, consensuado con las Comunidades Autónomas, proyecto que incluirá la territorialización del 75 por ciento del presupuesto, quedando el 25 por ciento restante como un fondo de solidaridad entre Comunidades Autónomas.
Abogó por aplicar un nuevo Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio a partir de 2005 elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas y por ampliar las acciones del Observatorio de Precios de los Alimentos.
Sobre estos temas, el portavoz de ERC Jordi Ramón apoyó ''limitar los abusos de la banca en las tarjetas de crédito'', mientras que el representante del BNG Román Rodríguez defendió erradicar el aplazamiento de los plazos de pago que son una ''distorsión de la libre competencia''.
Recientemente, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) criticó la no transposición de la directiva, a pesar de que ''es necesaria para proteger los intereses del sector, uno de los más perjudicados por el aplazamiento aplicado por la distribución que alcanza una media de 90 a cien días''.
La FIAB, que adelantó que el Colegio de Comisarios había presentado una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo, admitida ha trámite, contra el Gobierno por no transponer la directiva, confió en que la norma contribuirá a acotar las ''condiciones abusivas'' en la negociación de contratos de la distribución con el sector.
