UE-Ambiente: Aprobada la directiva que obligará a pagar a quien contamine
El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a la directiva sobre responsabilidad por daños medioambientales, que establece el principio ''quien contamina paga''
Tras un acuerdo alcanzado en el comité de conciliación entre el Parlamento y el Consejo, el pleno dio su visto bueno definitivo a esta nueva directiva, que se aplicará a partir de 2007.
La normativa permitirá prevenir y reparar los daños causados a especies o hábitats naturales protegidos, a las aguas o al suelo, y se aplicará a daños causados por actividades profesionales, y no a los causados por particulares.
No se prevé la concesión de indemnización a los particulares, sin perjuicio de que puedan beneficiarse de alguna compensación si lo prevé la legislación nacional.
El texto aprobado establece una serie de excepciones, como la no aplicación de la directiva para los daños derivados de guerras, de fenómenos naturales ''de carácter excepcional, inevitable e irresistible'', los riesgos nucleares, o los daños por incidentes cuya responsabilidad esté regulada por algún Convenio internacional.
No se aplicará tampoco a actividades relacionadas con la defensa nacional o la seguridad internacional, ni a daños generados por actividades o incidentes acaecidos hace 30 años o más.
Una cuestión objeto de divergencias es la excepción de los casos cubiertos por convenios internacionales, en particular los Convenios marítimos, así como los relacionados con organismos genéticamente modificados (OGM).
Según el texto de compromiso, un caso como el accidente del petrolero Prestige no estará cubierto por la directiva, al existir un Convenio internacional.
No obstante, la Comisión Europea, antes de que pasen 9 años, habrá de evaluar la cuestión y plantear en su caso la conveniencia de incluir en el ámbito de esta directiva a la contaminación por hidrocarburos causada por buques y actualmente regulada por convenios internacionales.
Asimismo, la Comisión estudiará entonces si debe aplicarse esta directiva a los daños causados por los productos transgénicos.
Otra de las cuestiones más debatidas y que inicialmente separaban al Parlamento y al Consejo es la contratación de seguros por parte de los operadores para hacer frente a los costes vinculados al cumplimiento de esta directiva.
El objetivo es evitar que un operador que debe hacer frente a daños se declare insolvente.
El Parlamento se había pronunciado a favor de que dentro de unos años se obligara a las empresas a contratar seguros, si entre tanto no se habían desarrollado instrumentos de mercado apropiados.
El compromiso final adoptado insta a los Estados miembros a que ''fomenten el desarrollo de instrumentos de garantía financiera para hacer frente a sus responsabilidades en caso de daño medioambiental''.
La Comisión presentará un estudio en el plazo de seis años sobre los costes y beneficios de un sistema de garantías financieras y valorará la conveniencia de imponerlo de forma obligatoria.
La directiva exige la colaboración entre Estados miembros cuando los daños puedan afectar a otros países, de tal forma que se asegurará un intercambio adecuado de información para posibilitar la toma de medidas preventivas.
