ESPAÑA 01/04/2004
El consejero de Agricultura de Andalucía, Paulino Plata, aseguró que la Junta está dispuesta a financiar las ayudas de los 143 algodoneros que no han podido acceder a las subvenciones en esta campaña, para lo que solicitó que el Ministerio de Agricultura pida a Bruselas la concesión de una ''ayuda de Estado''.
Plata, que asiste en Madrid a las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Pesca que preside el ministro de Agricultura, Miguel Arias, dijo que las ''ayudas de Estado'' sólo se conceden en casos excepcionales, pero que existen ejemplos que son antecedentes, como en el caso de Grecia.
Recordó que el retraso en la publicación de la Orden Ministerial que regulaba la campaña 2002/03 (7 de marzo de 2002), creó ''confusión y generó desequilibrios en la siembra'', que se ha visto superada en 680 hectáreas, cuando el derecho estaba fijado en 3.000 hectáreas.
Esta circunstancia ha provocado que 143 algodoneros quedaran fuera de las ayudas comunitarias y aseguró que ''el Ministerio ha estado toreando ese asunto desde entonces''.
Plata se refirió también al programa de calidad del aceite de oliva para la campaña 2003/2004, el cual dispone de un presupuesto de 15,27 millones de euros, de los que el 51 por ciento le corresponde a Andalucía, ''aunque producimos el 81 por ciento de la producción nacional''.
El titular andaluz, que aseguró que el reparto ''no se hace de manera proporcionada'', señaló que parte de esta financiación la aportan los propios olivareros y aseguró que ''de esta forma, el dinero no va a Andalucía''.
Además del programa del aceite, los consejeros abordaron también la reordenación del sector lácteo y el control veterinario, que a juicio de Plata, es, sobre todo, de carácter preventivo y permite la seguridad alimentaria y ganadera.
Plata mostró su conformidad con la postura del Gobierno en establecer un plan para ajustar la producción y la cuota láctea real, ya que reconoció que existe un ''desfase importante'' y ''perjudica a quienes cumplen las reglas''.
En relación al Proyecto de Real Decreto sobre medidas estructurales del sector pesquero, apuntó que es necesario que la norma que se apruebe sea ''flexible y ágil'' y que acorte, en la medida de lo posible, los trámites administrativos.
También resaltó que la normativa debe aplicarse en el momento de su homologación, pues recordó que de ello dependen cerca de 775 embarcaciones, el 38 por ciento de la flota andaluza.
Plata explicó que ''debemos aprender de experiencias anteriores'', en relación con las medidas sociales que fijaba la normativa que estableció la Comisión para flota afectada por la falta de acuerdo con Marruecos.
