ESPAÑA 02/04/2004
El programa quedó establecido el 17 de marzo por las Comunidades Autónomas (CCAA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el sector olivarero-almazarero y aceituna de mesa en el Grupo de Trabajo de Coordinación y Seguimiento del Programa y será aprobado en el mes de abril por el MAPA. El presupuesto total del programa es de 15.270.038,08€, financiándose 14.137.960€ por la Unión Europea y 1.132.078,08€ por MAPA y las CCAA.
Estas acciones a financiar se agrupan en siete subprogramas:
-Lucha contra la mosca del olivo y otros organismos nocivos.
-Mejora de las condiciones de cultivo y tratamiento de los olivos, de recogida, almacenamiento y transformación de las aceitunas, así como el almacenamiento del aceite producido.
-Asistencia técnica a las almazaras, con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente y al aumento de la calidad de la producción de aceite de oliva.
-Mejora de la eliminación de los residuos de la trituración, en condiciones que no sean nocivas para el medio ambiente.
-Formación y difusión a los olivicultores y a las almazaras sobre la calidad del aceite de oliva y los efectos de la oleicultura en el medio ambiente.
-Instalación y gestión de laboratorios de análisis de las características del aceite de oliva virgen.
-Líneas de investigación para la mejora cualitativa de la producción de aceite de oliva virgen y la mejora del medio ambiente.
Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de la gestión y control de las distintas acciones previstas, excepto del ''Sistema de control, alerta y valoración de la mosca del olivo'', que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de un proyecto de investigación, que corresponde al INIA.
PROGRAMAS GANADEROS
La Conferencia Sectorial ha acordado igualmente la distribución de 9,3 millones de euros entre todas las comunidades autónomas para programas de fomento del asociacionismo para la defensa sanitaria (ADS) y de erradicación de enfermedades de los animales.
Los objetivos de estos últimos son el control, lucha y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, indemnizaciones por sacrificio de animales (programas nacionales de erradicación de tuberculosis, brucelosis) y la coordinación de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Por otra parte y con objeto de regularizar la actual situación sanitaria de la cabaña ganadera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la Sectorial se ha abordado, a petición del Gobierno de dicha Ciudad, y tras los contactos mantenidos con los Servicios Veterinarios Oficiales, la necesidad de realizar un vaciado sanitario completo de dicha cabaña, con sacrificio obligatorio del 100% de los animales. El motivo de la necesidad de establecer esta medida excepcional se debe a que dichos animales se encuentran en un status sanitario desconocido además no poderse acreditar el origen de los mismos.
Esta medida se encuadra en la necesidad de ejecutar de una forma homogénea con el resto del territorio nacional los Programas Nacionales de Erradicación y Vigilancia de las enfermedades de los animales. Una vez se efectúe la repoblación de las explotaciones ganaderas con animales calificados sanitariamente, se mantendrá la calificación de las explotaciones y el estatuto sanitario del territorio. El gasto estimado en este programa de erradicación en concepto de indemnizaciones por sacrificio, contemplado en la distribución de fondos de la Sectorial, ascenderá a 90.000 €.
RED DE ALERTA SANITARIA
La Conferencia Sectorial también ha conocido un informe sobre la red de alerta sanitaria veterinaria. El sistema pretende coordinar y llevar a cabo las actuaciones de los recursos sanitarios del país con el fin de prevenir la entrada de enfermedades y en caso de que fuera necesario, actuar de manera rápida para su control y erradicación. Este sistema estará regulado, según se establece en el Real Decreto 1440/2001, mediante un Comité Nacional, órgano colegiado adscrito al MAPA cuya finalidad será la de coordinar las actuaciones en materia de sanidad animal.
La red de alerta sanitaria dispondrá de toda la información sanitaria necesaria para poder intervenir tanto de forma preventiva como correctiva ante un problema sanitario. Además, la información de los recursos sanitarios permitirá, junto con el análisis de la información de riesgo, adaptar los planes de emergencia de forma mas especifica acorde con cada situación epidemiológica, geográfica y funcional.
La situación geográfica de España entre el continente africano y el europeo y sus importantes relaciones con el continente americano, unido a la gran agilidad de las transacciones comerciales de su sector ganadero, hacen que nuestro país esté sometido continuamente a la entrada de nuevas enfermedades de graves consecuencias socio-económicas y le obliga a estar en situación de alerta permanente.
En los últimos años, la erradicación de la Peste Porcina Africana, Peste Equina Africana, Enfermedad Vesicular Porcina, y más recientemente la Peste Porcina Clásica (1997-1998 y 2000-2001), la Lengua Azul (2000), la BSE, o la alerta en Fiebre Aftosa (2001) han supuesto un enorme esfuerzo económico para todas las administraciones implicadas.
Todo ello sin olvidar las restricciones de nuestro comercio exterior de productos frescos y curados así como los perjuicios para empresas del sector de la industria ganadera. En este sentido conviene recordar que el coste de una enfermedad es proporcional a la demora que sufre su control, por lo que una intervención rápida tendría una repercusión directa que, sin lugar a dudas, se traducirá en un importante ahorro económico y en una menor perdida de los mercados.
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN AGRARIA
Entre otros asuntos, la Conferencia Sectorial ha abordado la necesidad de disponer de un Plan Nacional de Formación Agraria. Actualmente, el sistema de formación profesional agrícola se estructura en España a través de tres subsistemas de formación: reglada, ocupacional y continua. Las competencias sobre las actividades de formación se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas en virtud de los correspondientes Estatutos de Autonomía, correspondiendo a la Administración General del Estado la coordinación de los programas, así como, en ciertos casos, el papel de gestor. El objetivo es implantar medidas de coordinación estableciendo las orientaciones necesarias a través de un Plan Nacional de Formación Agraria.
Las competencias sobre las actividades de formación se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas en virtud de los correspondientes Estatutos de Autonomía, correspondiendo a la Administración General del Estado la coordinación de los programas, así como, en ciertos casos, el papel de gestor. Así, la Formación Continua, basada en el diálogo social, se gestiona a través de una Fundación de carácter tripartito, constituida por la Administración Central (INEM), CEOE y Organizaciones Sindicales.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) coordina los fondos provenientes del FSE, que constituyen el núcleo financiero principal de las actividades de formación de carácter nacional.
Por su parte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa, junto con las Comunidades Autónomas, en la coordinación de la formación gestionada con fondos FEOGA derivada de los programas de Objetivo 1 y fuera de Objetivo 1. El Ministerio coordina, asimismo, los programa plurirregionales de formación, gestionados por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y otras Organizaciones actuantes en el desarrollo agroalimentario y rural.
Además, se desarrolla un programa anual de formación, impartido a través de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento, cuyo fin es el de contribuir a la actualización de conocimientos y perfeccionamiento de funcionarios y técnicos de organizaciones que actúan en el sector agroalimentario y en el medio rural, ya sea como formadores o en otras tareas relacionadas con las materias incluidas en dicho programa anual.
Para cerrar este escenario desde el ámbito del MAPA, los Grupos de Acción Local encargados de la gestión de los programas de desarrollo endógeno LEADER PLUS y PRODER-2 y la Célula de Animación del Desarrollo Rural promueven una amplia oferta formativa en las zonas rurales españolas.