El subdirector general de Planificación Alimentaria, del Ministerio de Agricultura (MAPA), Carlos Luis de Cuenca, considera que los consumidores deben estar vigilantes, pero ''no deben oponerse a los alimentos genéticamente modificados OGM)'', pues existen controles y garantías plenas.
Cuenca hizo estas declaraciones en el marco del X Congreso Anual en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se celebra en la Facultad de Veterinaria de Madrid, y durante su conferencia ''Nueva legislación sobre el etiquetado de alimentos y piensos''.
Subrayó que con la entrada en vigor el próximo 19 de abril de la nueva reglamentación comunitaria sobre OGM se abre una nueva concepción en la obtención de los alimentos, y hay que estar en alerta, por no oponerse o desviar la atención, ya que esto ''impide que la información de las ventajas o inconvenientes no llegue correctamente''.
En este sentido, explicó que es importante confiar en los estudios y análisis que a lo largo de estos años han llevado a cabo los expertos, las administraciones y los organismos que controlan la seguridad alimentaria para ''no generar inquietud''.
Informó de que todos los alimentos genéticamente modificados están obligados a llevar de forma clara un etiquetado donde se explica sus componente, lo que en su opinión ofrece al consumidor plenas garantías ''en conocer y saber lo que está adquiriendo''.
El representante del MAPA destacó que el componente económico para la empresas es muy importante, al tratarse de alimentos dirigidos a un público ''muy heterogéneo'' con una percepción del problema muy diferente, lo que obligará a las empresas a ofrecer al consumidor final un información acorde con la legislación.
Insistió en que las empresas que quieren ofrecer un producto ''libre de sospecha'' tienen que hacer un serio análisis para garantizar la implantación de este producto en el mercado, lo que supone -dijo- un ''coste añadido'' pero siempre será compensado con la aceptación del consumidor.
Recordó que la obligación de etiquetar los alimentos modificados no sólo es un imperativo legal, sino que se puede convertir en una necesidad, en todos aquellos alimentos susceptibles de ser portadores o provenir de alguna forma de modificación.
También hizo mención que entre las obligaciones que impone la nueva legislación está la de informar al usuario así como la trazabilidad en todos los escalones de producción, fabricación y puesta en circulación.