ESPAÑA 23/02/2004
El sector apícola, que concentró a más de mil productores frente al Ministerio de Sanidad en protesta por la importación de miel de mala calidad, logró el compromiso de la Administración de crear a finales de marzo una comisión interministerial para coordinar los controles de calidad.
El acuerdo se alcanzó tras la reunión mantenida entre los representantes de las organizaciones convocantes (Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE) y UPA y COAG), el director general de Sanidad Pública, José María Martín Moreno, la directora general de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Pilar Farjas, y la subdirectora general de producciones ganaderas del MAPA, Esperanza Orellana.
Los representantes del sector apícola trasladaron a la Administración su preocupación ante la inminente reapertura de la importación de miel de China, hasta ahora suspendidas por no cumplir las condiciones mínimas de calidad exigidas, y la necesidad de controlar el mercado interior para evitar fraudes al consumidor.
El responsable de la sectorial apícola de CCAE, Ventura Gil, reclamó que se realicen controles analíticos a todas las partidas de miel que entran en la Unión Europea procedente de terceros países y que se rechacen aquellas que no cumplan los requisitos que se exigen a las producciones comunitarias.
Explicó que la entrada de miel de China provocará una caída de las rentas de los apicultores en torno al 30-40 por ciento, ya que la miel de este país entra a 1,20 euros el kilo mientras que el coste de producir un kilo de miel en España ronda los 2,40 euros, por las condiciones sanitarias e higiénicas de la producción.
Gil destacó que Sanidad se ha comprometido a incrementar los controles en fronteras para analizar las importaciones de miel procedente de terceros países, ya que ''se ha constatado que la miel china estaba entrando en nuestro país a través de Turquía o Vietnam''.
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, reclamó la puesta en marcha de un plan estratégico para evitar las adulteraciones y fraudes detectados en el mercado, ''donde se pueden adquirir mieles adulteradas y sucedáneos sin que se refleje en la etiqueta''.
Señaló que esto atenta contra el consumidor y contra el prestigio de los apicultores, que son los primeros interesados en incrementar los controles que garanticen la calidad de la miel nacional y se comprometió a denunciar el fraude para garantizar al consumidor las mejores producciones.
López apuntó a que hay que velar por un producto final de calidad y con total garantía de seguridad alimentaria para asegurar el mantenimiento de los más de 5.000 apicultores profesionales españoles, muy implicados en el medio rural, con gran incidencia en la conservación medioambiental por su destacado papel polinizador.
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, valoró el talante de la Administración que hará un seguimiento desde la Agencia de Seguridad Alimentaria para evitar problemas sanitarios de importaciones y perseguirá ''los fraudes de los que utilizan mieles de otros países y que la venden como española''.
Exigió un sistema de etiquetado riguroso, un control estricto de las mezclas y una regulación del mercado internacional, ''porque el comercio nunca puede prevalecer sobre las buenas prácticas, los productos sanos y saludables y mucho menos por encima del interés general de los consumidores''.
Señaló que la comisión interministerial permitirá controlar tanto la miel importada como la española ''para ofrecer la mayor seguridad alimentaria y evitar la competencia desleal de los que tratan de lucrarse de manera ilegítima''.
En España hay 2.336.000 colmenas, en 24.400 explotaciones de las que sólo 4.335 se dedican de forma profesional a la apicultura, es decir, tienen más de 150 colmenas; producen en torno a las 36.000 toneladas de miel y se importan al año cerca de 12.000 toneladas.
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