La UPA-A y la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) reclamaron el doble etiquetado de todos los productos agrícolas y ganaderos no transformados para que los consumidores conozcan los precios en origen y los de venta y así constaten las prácticas abusivas de las cadenas de alimentación.
Según informaron ambas organizaciones, las diferencias de precios de los productos agrarios y ganaderos entre el origen y el destino oscilan entre el 833 por ciento en la cebolla, el 633 por ciento en la patata, el 860 por ciento en la zanahoria o el 232 por ciento en la ternera de primera calidad hasta los más bajos, que son del 72 por ciento en el caso del pollo y del 48 por ciento en el cordero.
El secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA-A), Agustín Rodríguez, y el presidente de UCA/UCE, Juan Moreno, firmaron un convenio que dará a conocer las diferencias entre los precios que perciben los agricultores y ganaderos y los que pagan en destino los consumidores y otras prácticas abusivas de las grandes cadenas de distribución.
También se proponen con este convenio potenciar que los consumidores conozcan los sistemas de producción que emplean los agricultores y los ganaderos en Andalucía, así como su importancia socioeconómica para el medio rural y su influencia directa en la seguridad alimentaria.
Ambas organizaciones han solicitado a las administraciones públicas que pongan en marcha una normativa que obligue al doble etiquetado de todos los productos agrícolas y ganaderos no transformados, de modo que el consumidor conozca el precio en origen (percibido por el agricultor) y el de venta (precio pagado por el consumidor), además de la procedencia del producto.
Defienden que el doble etiquetado debe incluir el lugar de producción de la mercancía, además de la calidad y el precio (precio de venta y precio percibido por el agricultor) en todos los productos agroalimentarios frescos.
Aseguraron que el doble etiquetado supondrá una mejora de la calidad y autenticidad de los productos ofertados a los consumidores y permitirá conocer en detalle el precio percibido por el agricultor y el margen ''comercial'' de la distribución, además de contribuir a controlar el IPC.
También proponen un doble etiquetado de obligado cumplimiento, permanente en el tiempo y que afecte a todos los productos agrícolas y ganaderos no transformados que ponen a la venta las grandes empresas de distribución.
Además, debe haber un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la media y, por su parte, el doble etiquetado no debe estar condicionado a la existencia de bajos precios o crisis en determinados sectores agrícolas y ganaderos, así como tampoco al tiempo en que ocurre tal situación.
Con esta medida es posible, según UPA y UCA, que ''las disminuciones de precios se trasladen al precio final de venta al público, de modo que sean los consumidores los que se beneficien de los bajos precios en origen, cosa que no ocurre hasta ahora''.
