El presidente de COAG regional, Pedro Lencina, exigió en una conferencia de prensa en la Cámara Agraria Regional al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que pague las ayudas para evitar la erosión en esta comunidad que habían sido solicitadas en el año 2001, y dijo no comprender tal retraso.
Lencina recordó que tras una movilización de COAG ante la Consejería llevada a cabo hace 45 días, Cerdá se comprometió en solucionar este asunto en ese plazo de tiempo, pero una vez cumplido confirmó que no se había solventado, y que además la Consejería iba a solicitar a los afectados nueva documentación.
La burocracia, según Lencina, resultará más cara que las ayudas que se solicitan para unas 30.000 hectáreas a razón de 22.000 pesetas por cada una, y que en otras partes de Europa, con menor erosión, como Lazio (Italia) llegan a los 1.300 euros.
La aplicación restrictiva de la normativa europea ha sido el motivo de las discrepancias entre las organizaciones agrarias y la Consejería, ya que mientras esta última exige al pie de la letra que las fincas tengan al menos un 8 por ciento de pendiente, COAG recuerda que en Cataluña la administración es menos radical y permite pendientes de hasta el 1 por ciento.
Los responsables de COAG mostraron a los periodistas indignados una página de publicidad institucional publicada en los diarios murcianos el pasado 10 de abril en la cual se informaba de ''la realidad de las inversiones contra erosión'' en las que se afirmaba que las organizaciones agrarias ''han interpretado erróneamente el contenido del programa de lucha contra la erosión en medios frágiles''.
Lencina lamentó que en su día la Consejería organizase charlas informativas con los propios agricultores supuestamente remitentes de las ayudas, y que ahora se acuse a las organizaciones agrarias de tramitar ayudas con falta de rigor.
COAG da por perdida la ayuda del año 2001 y del año 2002, y lamentaría que también se perdiese la de este año, ya que en octubre Europa ''cierra la caja'' para la parte que le corresponde pagar si los trámites administrativos no se dan por concluidos.
Pedro Lencina aseguró que si la administración regional quisiera podría solventarlo antes de que tomase posesión el próximo Ejecutivo, y achacó al presidente en funciones, Ramón Luis Valcárcel, la responsabilidad de no solucionar ''algo que no funciona bien, porque en la Consejería llevan tres años mareando la perdiz''.
