ESPAÑA 23/06/2003
Critican, sobre todo, que el proyecto de ley no permite que las descargas de pesca congelada continúen exentas de tener que operar con las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba de los puertos públicos.
La Confederación de Empresarios de Pontevedra, la Asociación Provincial de Explotaciones Frigoríficas (Apef), Federación de Usuarios del Puerto de Marín y de Vigo, Cooperativa de Armadores de Vigo, Asociación Nacional de Industrias de Elaboración-Anie y la Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, Importadores y Exportadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura Conxemar, son algunas de las entidades cuyos representantes expresaron su preocupación al respecto.
Según explicó el director gerente de la Cooperativa de Armadores, José Ramón Fuertes en conferencia de prensa, la tramitación de este proyecto de Ley dio lugar en mayo a la huelga de los trabajadores de estiba y desestiba, lo que condujo a una negociación entre representantes del ministerio de Fomento, la coordinadora sindical y la Asociación Nacional de Consignatarios (Anesco), en las que no estuvo representado el sector de la pesca congelada.
Por ello, su preocupación llegó tras esos encuentros, que el 4 de junio desembocaron en un acuerdo, que supone una ''modificación importantísima'' del proyecto, que tenía ''bastante tranquilas'' a estas organizaciones.
Concretamente, los acuerdos incluyen la pesca congelada en la consideración de servicio portuario básico e impiden la liberalización en la realización de las operaciones de estiba y desestiba, de modo que obligan a recurrir a las sociedades estatales de estiba.
De salir adelante esta propuesta, la primera consecuencia sería, según Fuertes, la pérdida de competitividad del Puerto de Vigo, puesto que el coste de las descargas de pescado congelado experimentaría un ''incremento importante'' y favorecería el desvío de tráfico marítimo a puertos que no sean de interés general, para así ahorrar ese aumento.
Según José Luis Freire, de Conxemar, repercutiría también en la pérdida de cerca de 10.000 puestos de trabajo y supondría ''un paso atrás'' con respecto a lo que la industria de la pesca congelada ha conseguido en los últimos diez años.
Para dar una idea de las consecuencias que puede tener la aplicación de esta ley, cuya aprobación podría llevarse a cabo tras el verano, Freire indicó que en el Puerto de Vigo se mueven cerca de 500.000 toneladas de pescado congelado al año, de modo que el encarecimiento supondría que en lugar de gastar 0.01 euro por kilo de mercancía descargada, su coste fuese de 0.12 euros.
Esta semana, los representantes de estas organizaciones se entrevistaron con el presidente de Puertos del Estado, del que obtuvieron ''buenas palabras'', según Fuertes, y el compromiso de que esta situación se solucionará en el Congreso con una nueva enmienda que se presentará en los próximos días.
