Agricultura REASS: UPA exigirá al Gobierno la retirada del ''decretazo'' que suprime el REASS

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganderos (UPA) exigirá al Gobierno, en una reunión esta tarde con el secretario de Estado para la Seguridad Social, Gerardo Camps, la retirada inmediata del ''decretazo'' que suprime el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS).

En un comunicado, UPA apuntó que su secretario general, Fernando Moraleda, y varios miembros de la ejecutiva federal solicitarán a Camps que convoque a todas las organizaciones agrarias, sindicatos y partidos políticos para discutir y consensuar una reforma general de este régimen especial que lleva vigente 37 años.

Informó de que Moraleda tiene previsto entrevistarse también en los próximos días con los grupos parlamentarios -se reunirá con el PSOE- para pedirles que estudien plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, si el Gobierno no retira antes este Real-Decreto Ley.

El comunicado explicó que la Constitución española posibilita que la solicitud de 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o las Asambleas parlamentarias de las Comunidades Autónomas pueden plantear este tipo de recursos.

Para UPA, el Gobierno ''ha abusado de las armas legales de las que dispone con prepotencia y autoritarismo'' al utilizar la vía del decreto-ley, sólo prevista en la Constitución en su artículo 86 para casos de extraordinaria y urgente necesidad, situación ''no procedente'' en este caso, ya que las medidas entrarían en vigor en enero de 2004.

UPA aseguró que este Real Decreto-Ley tendrá ''repercusiones económicas muy graves'' para 300.000 profesionales, titulares en su mayoría de explotaciones agrarias familiares, ya que va a suponer un incremento de su cotización individual de más de 87,15 euros mensuales frente a los 111,20 euros de media que se pagan ahora.

Esto supone que el sector agrario pasaría a cotizar unos 372 millones más de euros al año, pero seguiría estando igual de desprotegido en cuanto a coberturas sociales, teniendo actualmente las pensiones mínimas muy bajas (360 euros mensuales) o la desigualdad en el trato en la baja por enfermedad.

Para UPA se trata de un caso flagrante de ''desmantelamiento económico'' de un sector productivo, propiciado por un Gobierno que demuestra que ''lo único que le interesa es el incremento de las cotizaciones y la recaudación monetaria''.