Agricultura-Carburantes: COAG critica que el MAPA actúo con negligencia en las medidas de acuerdo del gasóleo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ''se opone a que los agricultores y ganaderos tengan que perder más de 210 millones de euros por culpa de una negligencia del Ministerio de Agricultura (MAPA)'', ya que la Comisión declaró ilegales algunas de las ayudas concedidas por el Gobierno por el precio del gasóleo.

En un comunicado, la organización agraria recordó que la Comisión Europea (CE) declaró ilegales parte de las ayudas concedidas por el Estado español -bonificaciones de créditos y garantías- a los titulares de explotaciones agrícolas para paliar las consecuencias de las subidas de precios del gasóleo, en el marco de un acuerdo, que no suscribió COAG.

Ahora, criticó COAG, todos los beneficiarios de las ayudas deberán devolver el importe de las mismas más los intereses, ''situación que se podría haber evitado si el Gobierno hubiera actuado de forma responsable'' y exigió que el MAPA y el Gobierno asuman su responsabilidad política y económica en este asunto.

Demandó al Gobierno que ''dé respuestas de futuro al sector primario con la definitiva implantación de un gasóleo profesional''.

COAG exigió al Gobierno que ''rectifique y ponga en marcha un gasóleo profesional agrario como solución definitiva y de futuro para garantizar una renta digna a agricultores y ganaderos a título principal''.

COAG propuso la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo utilizado en las actividades agrícolas y ganaderas; aplicación de un tipo reducido de IVA para el gasóleo consumido por los profesionales agrarios y establecimiento de un precio social 0,27 euros/litro para los agricultores a título principal.

Añadió que estas medidas son compatibles con la legislación comunitaria, ya que están vinculadas a la reducción de la fiscalidad del gasóleo, formula permitida por las normas comunitarias.

COAG recordó que el gasóleo de uso agrícola incrementó su precio en España más del 80 por ciento entre enero de 1999 y septiembre de 2000, lo que supuso una subida de los costes de producción y una pérdida de renta de 600 millones de euros para los agricultores.

Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas tras la firma de un acuerdo, el 27 de septiembre de 2000, entre el Ministro de Agricultura, las cooperativas y algunas organizaciones agrarias, aunque no fue firmada por COAG.

Esta organización agraria no firmó este acuerdo por considerar ''insuficientes e inadecuadas las medidas que finalmente la UE, dando la razón a nuestra organización, ha declarado ilegales''.