ESPAÑA 15/05/2003
Responsables de diversas organizaciones productoras de frutas y hortalizas (OPFH) coincidieron en descartar la implicación de agricultores en la red desmantelada en Badajoz que se dedicaba al fraude en las subvenciones comunitarias a la producción de concentrado de tomate, por importe superior a 27 millones de euros.
Tras asegurar que desconocían la existencia de una investigación en el sector, explicaron que, entre 1997 y 2000, años en los que operó la red desmantelada, las subvenciones no las cobraban ni gestionaban las OPFH, sino directamente las industrias transformadoras.
Estas últimas pagaban a los agricultores un precio oficial fijado por la Unión Europea en el que ya se incluía un porcentaje en concepto de subvenciones comunitarias, pero el importe directo de las ayudas llegaba a las industrias, según dijo el gerente de una de ACOPAEX, Juan Francisco Blanco.
Fue a partir de la campaña 2001-2002, indicaron estas fuentes, cuando las OPFH comenzaron a gestionar y recibir las ayudas que, una vez les son abonadas, en un plazo de quince días se distribuyen íntegramente entre los agricultores.
Además, coincidieron en apuntar el riguroso control existente por parte de la Administración regional, con constantes inspecciones tanto de las cuantías de las ayudas como de los plazos de pago.
''Si de ahí hacia atrás ha habido algo, no lo sé, y nos preocupa porque el sector del tomate industrial es muy fuerte en Extremadura y básico para su agricultura'', afirmó un responsable de una de las OPFH consultadas.
Insistió en que ''hay una reglamentación europea y las organizaciones de productores no pagan por debajo del precio a los agricultores, pagan el precio estipulado en el contrato y ahí están las inspecciones de todos los años de la Consejería de Agricultura''.
''¿Quién puede cometer un fraude con las ayudas? Sólo quien las cobra'', dijo Juan Francisco Blanco.
Para las OPFH ''esta noticia no es buena para el sector, pues siembra muchas sospechas en un tema muy delicado como es el del cobro de subvenciones''.
Por otra parte, fuentes de la Asociación de Agricultores de Don Benito informaron de que tenían conocimiento desde hace algunos días de que la Guardia Civil investigaba a una serie de personas que venían levantando sospechas en el cobro de las subvenciones del tomate.
Estas mismas fuentes añadieron que el Ministerio de Agricultura, a instancias de Bruselas, había ordenado esta investigación y que los quince detenidos son posiblemente industriales.
