UE-Lino: Garzón concluye la instrucción y exculpa a las Comunidades Autónomas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio por concluida la investigación sobre el supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil en un auto en el que destaca que los hechos se produjeron ''sin el conocimiento de las comunidades autónomas'' afectadas.

''Es más, en algunos casos, se han producido específicamente en contra de las medidas y controles que se diseñaron para evitar esos supuestos fraudes, y a pesar de la actividad de los inspectores o personal encargados por los responsables regionales en Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura para tal cometido'', asegura el magistrado.

En la denuncia que dio origen a la investigación, interpuesta por ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y comisaria europea Loyola de Palacio, ésta decía que la forma en que se tramitaron las ayudas podía constituir un delito de malversación de caudales públicos cometido desde las comunidades autónomas, responsables de la distribución de los fondos comunitarios y de su control.

En su resolución, el juez reduce a 25 el número de personas que finalmente podrían ser juzgadas por estos hechos, entre las que figura el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, de quien dice que podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias del artículo y/o en uno de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

El primero está castigado con penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años; y el segundo está penado con multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Garzón dice que, ''prevaliéndose'' de su cargo en el FEGA, organismo de coordinación de las ayudas y de interlocución del Estado Español ante la Unión Europea, López de Coca ''habría desarrollado determinadas acciones'' en relación con Castilla-La Mancha, donde dos de sus hijos cultivaban y transformaban lino textil a través de la entidad COLISUR, S.L.

''Esas acciones irían dirigidas al entorpecimiento de los controles por parte de aquella Comunidad y, en concreto, de la Consejería de Agricultura y, directa o indirectamente, podrían haber beneficiado a aquellos familiares y sus explotaciones agrícolas en un área que entraba dentro de las competencias genéricas de aquél y por tanto incompatible con todo tipo de asesoramiento, consejo, impulso o beneficio por parte del funcionario público'', concluye.

Las otras veinticuatro personas para las que se mantiene la imputación, productores y transformadores de lino, están acusados de un delito de obtención indebida de fondos de los presupuestos generales de las Comunidades Europeas en relación con otro de falsedad documental, y se enfrentan a penas de prisión de uno a cuatro años y multas.

En el auto notificado, Garzón alza la imputación y archiva el procedimiento respecto de otras 28 personas, medida que a lo largo de la instrucción ya había acordado para nueve más, por lo que el número de imputados en el procedimiento llegó a ser de 62.

La investigación concluye que, entre los años 1997 y 1999, ''una serie de personas físicas por sí o en representación de empresas, especialmente las transformadoras, y con ocasión de las ayudas que otorga la Unión Europea sobre el cultivo y producción del lino, habrían falseado datos y documentos, así como cultivos, a lo largo y ancho de varias comunidades autónomas'' para cobrar las subvenciones.

Los imputados solicitaban la ayuda ''so pretexto del cultivo y recolección de una materia prima inservible o que, no siéndolo, no se le daba salida comercial alguna, quedándose unas veces apilada en el campo y otras convirtiéndose en pasto de las llamas'' en incendios no aclarados ''y extrañamente reiterados''.

Se incumplía así la normativa, que fijaba las subvenciones en función de la superficie sembrada, de la cosecha obtenida y de la transformación de ésta en varilla de lino.

Garzón relata que las empresas transformadoras, a las que llega a referirse como ''gestorías del lino'', se ofrecían a los agricultores para ''solventar cualquier trámite burocrático de pudiera impedir al agricultor obtener la ayuda, asumiendo de hecho toda la tramitación y sin que, en muchos casos, el productor tuviera que hacer otra cosa que estampar su firma''.

Por último, el productor y las sociedades transformadoras presuntamente participantes en la trama (ocho: tres castellano-leonesas, cuatro castellano-manchegas y una extremeña) se repartían la subvención ''según lo previamente pactado''.

Ahora, las acusaciones tienen un plazo de sesenta días ''para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o práctica de diligencias indispensables'', trámite previo a la apertura de juicio oral.