Desarrollo Rural-Balance 2003: Las Redes destacan que el 2003 creó más incertidumbre en los fondos de desarrollo

Dos años después de aprobarse la Ley del Plan Hidrológico Nacional, 2003 ha servido para sentar las bases que harán posible el inicio de las obras del trasvase en los primeros meses de 2004, aunque aún no se ha resuelto la incógnita sobre si el proyecto contará con financiación europea.

España presentará esta semana una petición formal para que Bruselas aporte 1.262 millones de euros para cofinanciar el trasvase del Ebro, lo que supone el 30 por ciento del total.

Durante los últimos meses, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un proyecto de trasvase de aguas desde el Bajo Ebro a varios puntos del arco mediterráneo, lo sometió a información pública, llevó al Consejo de Ministros la Declaración de Impacto Ambiental de esa infraestructura y licitó los cuatro primeros tramos, que se ejecutarán en las provincias de Almería, Murcia, Castellón y Valencia.

A falta de conocer si la administración comunitaria financia el trasvase desde el Ebro, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea sí ha respaldado contribuir a sufragar el trasvase Júcar-Vinalopó, lo que ha irritado a los ecologistas, que consideran que ambas infraestructuras están ''ligadas'' y porque consideran que es un indicio de lo que ocurrirá con la transferencia de agua del Ebro.

Lejos de enfriarse la confrontación política, social e institucional que el proyecto provoca, en 2003 se volvieron a suceder las manifestaciones en contra del mismo, localizadas en Aragón y Cataluña, y a favor, en el litoral levantino.

Enquistada esa confrontación en las instituciones españolas, el debate se ha trasladado a Bruselas, donde los partidarios del PHN lo han defendido como un proyecto vertebrador del territorio para tratar de conseguir financiación comunitaria frente a quienes mantienen que atenta contra el medio ambiente y contra la gestión hidrológica moderna.

Antes de someterlo a información pública, el Ministerio que dirige Elvira Rodríguez aprobó un proyecto de trasvase de 914 kilómetros de longitud, muchos de los cuales transcurren por infraestructuras ya existentes y de los que 3,3 cruzan espacios naturales protegidos.

Ese trazado del trasvase, una obra que requerirá una inversión superior a 4.000 millones de euros, recibió 233.000 alegaciones (172.000 a favor y 61.000 en contra).

Finalmente el Gobierno dio luz verde a una Declaración de Impacto que incluye más de 200 medidas destinadas a garantizar la conservación y protección medioambiental, así como un plan de vigilancia ambiental que velará para que se cumplan todas las condiciones hasta diez años después del inicio de la explotación.

Atrincherados partidos e instituciones en sus posiciones, tampoco fue posible el acuerdo en torno al Plan de Protección del Delta del Ebro, y en especial respecto al caudal mínimo de agua que debe llegar al mar para garantizar la seguridad ecológica de este ecosistema.

La ministra respaldó la conclusión a la que habían llegado los técnicos que elaboraron el Plan, que cifraron en 100 metros cúbicos ese caudal, así como su propuesta de implantar una red de ''indicadores ambientales'' para llevar en tiempo real un control sobre la situación del Delta para asegurar que todos los ecosistemas del humedal cuentan con el régimen hídrico que necesitan.

Sin embargo, esa propuesta fue bloqueada por el Gobierno de la Generalitat al hacer valer su voto de calidad en el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro.

La Generalitat devolvió el plan a los técnicos del Consorcio y les exigió algunas rectificaciones antes de ser aprobado, entre ellas que se replantee el régimen hídrico que el río debe tener en su tramo final.

Sin embargo, antes de concluir el año, el Gobierno ha decidido, a través de una enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento, que ese caudal sea fijado por el Consejo del Agua de la cuenca hidrográfica y no por el Consorcio, una cuestión calificada por CIU como una traición que les desvincula definitivamente del PHN.

Además de las movilizaciones que se han repetido a lo largo del año en Zaragoza, Barcelona, Valencia o Murcia, durante los últimos meses han consolidado su protagonismo en la ''batalla del agua'' movimientos articulados en torno a organizaciones sociales y políticas como la Plataforma en Defensa el Ebro.

Entre sus últimas actuaciones para tratar de frenar el trasvase destaca la ''apertura'' en Bruselas de una ''Embajada Azul'', un autobús que tras recorrer varios países europeos ha recalado en la capital belga para difundir su lema: ''Ni un euro para el PHN''.