Este órgano auditor considera que la regulación del algodón no garantiza la neutralidad presupuestaria, provoca un exceso de producción e impacta en el medio ambiente.
El informe resalta las carencias en el control de las ayudas aunque en este caso se refiere a las autoridades de Grecia.
El Tribunal fiscalizó la gestión financiera de las subvenciones a la producción de algodón durante las campañas comprendidas entre 1999 y 2002, dotaciones cuyo objetivo es garantizar la renta de los agricultores.
Las ayudas se conceden a las empresas desmotadoras que tienen que pagar un precio mínimo a los productores, establecido según las cotizaciones del mercado y la cosecha obtenida; los agricultores perciben un importe dos o tres veces superior al valor comercial del producto, según explica el informe.
Grecia recibe ayudas por 600 millones de euros anuales, mientras que España obtiene cerca de 200 millones, que van a parar a las zonas productoras de Andalucía (Sevilla y Córdoba).
La producción algodonera comunitaria alcanza 1,6 millones de toneladas anuales, el 47 por ciento de las necesidades internas de la UE.
Si en una campaña las subvenciones no alcanzan 770 millones de euros, la normativa comunitaria autoriza un incremento de la ayuda bajo determinadas condiciones.
El Tribunal de Cuentas señala que la ayuda al algodón ''es tres o cuatro veces superior a la que se abona por otros cultivos alternativos''.
Estima que estos apoyos han provocado una tendencia al alza de la producción que ha ''generado inquietudes sobre el impacto ambiental'' del algodón.
El Tribunal constata dificultades para verificar la exactitud de las declaraciones de superficie y determinar las cantidades subvencionables en Grecia.
Además, las desmotadoras griegas ''no pagan a los productores con arreglo a la calidad'' lo que desincentiva al agricultor a aplicar técnicas de cultivo para una mejora cualitativa de la cosecha, según el informe.
El Tribunal pide a la Comisión Europea que corrija estos fallos en la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del algodón, cuyos textos legales propondrá Bruselas el próximo 18 de noviembre.
La Comisión Europea afirma, en su respuesta al Tribunal de Cuentas, que está haciendo un seguimiento de estos problemas y que los tendrá en cuenta a la hora de proponer la reforma.
Bruselas estima que el actual sistema de ayudas ''es sumamente complicado'' y no se ajusta a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
Añade que ''los controles realizados por los servicios de la Comisión Europea no han permitido confirmar que el sistema vigente no incentive una mejora de la calidad del algodón''.
