Ley arrendamientos: COAG, El Gobierno impone la ley de arrendamientos con la oposición sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) lamentó que el Gobierno imponga ''a rodillo'' una nueva ley de arrendamientos rústicos, que pasará ahora al Senado, tras ser aprobada en el Congreso con los votos en contra de la oposición y contar con el rechazo del sector.

En un comunicado, COAG critica que el Ministerio de Agricultura ni siquiera haya solicitado el ''dictamen del Consejo Económico y Social, incumpliendo lo legalmente establecido a la hora de tramitar cualquier proyecto normativo''.

La nueva Ley de Arrendamientos Rústicos (LAR) ''protege de forma excesiva a los propietarios en perjuicio de los derechos de los arrendatarios, quienes quedan en una situación de preocupante desprotección'', aseguró COAG.

Este proyecto incorpora una serie de modificaciones de gran repercusión para el sector como eliminar la orientación profesional de los arrendamientos; apostar por grandes explotaciones; o abogar por las sociedades anónimas en detrimento de la explotación familia.

Además, añadió que eliminar la preferencia de acceso a la propiedad y reducir la duración del contrato ''dificulta la estabilidad y viabilidad de las explotaciones''.

En este sentido, el secretario general de COAG, Miguel López, declaró que ''el sector agrario necesitaba una Ley que favoreciera la incorporación de jóvenes al sector y la modernización de las explotaciones y no este texto impuesto a rodillo que condena el suelo agrario a una especulación improductiva''.

Destacó que ''dada la trascendencia de esta Ley, desde COAG vamos a intentar que el Senado la modifique por el bien de nuestro sector agrario''.

Desde COAG es necesario que el texto legal mantenga el requisito del arrendatario como profesional de la agricultura y el límite cuantitativo de arrendamiento, a fin de evitar la acumulación de tierra en manos de un mismo arrendatario.

La organización agraria también aboga por el mantenimiento de la actual duración de los contratos y sus prórrogas para mantener la finca, conservarla y realizar las inversiones necesarias, garantizando la amortización de las mismas y que los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente no sean suprimidos.