Castilla y León-Precios Agrarios: Denuncian que hasta el 95% del precio se queda en la distribución

La organización agraria UPA y la asociación de consumidores UCE de Castilla y León denunciaron que entre el 85 y el 95 por ciento del precio que paga el consumidor por los alimentos se queda en la cadena de distribución, lo que a su juicio es una ''especulación'' y a veces una práctica ''mafiosa''.

Los consumidores llegan a pagar hasta el 800 por ciento más que lo que cobra un agricultor por vender los alimentos que produce, según criticaron en rueda de prensa en Valladolid UPA y UCE.

''Cuanto más bajo es el precio en origen'', el que percibe el agricultor, ''más beneficio tiene la cadena de distribución'', destacó el secretario general de UPA en Castilla y León, Julio López.

El responsable regional de UPA expuso algunas de las conclusiones de la campaña que desde el pasado enero lleva a cabo esta organización junto a UCE, que cada semana analiza el precio en origen y al consumidor de diez alimentos básicos.

Algunos de estos precios en origen son en 2003 más bajos en 1993, ya que el agricultor ganaba hace diez años noventa céntimos de euro por una lechuga y actualmente solo sesenta, mientras que al consumidor le cuesta hasta dos euros en algunos puntos de venta.

UPA y UCE reclamaron que el Servicio de Defensa de la Competencia intervenga en la investigación sobre los precios de los alimentos planteada desde el Gobierno central, que se implante de ''inmediato'' el doble etiquetado con el precio en origen y el final y que exista ''mayor vigilancia'' hacia las grandes superficies comerciales.

López indicó que la campaña proseguirá semanalmente para denunciar ''prácticas mafiosas'', como el hecho de que en España un kilo de tomates se pague hasta a cuatro euros mientras que en el resto de Europa vale la mitad.

Por su parte, el secretario de UCE en Castilla y León, Ezequiel Peña, aseguró que las grandes superficies no tienen muchos gastos de distribución, por lo que sus precios deben ser más bajos.

El alto coste de los alimentos ''no es un fraude'', porque ''los precios son libres'', por lo que ''no se puede hacer una denuncia'', pero el Gobierno sí que puede actuar a través del observatorio de precios, que ''puede funcionar mejor'', añadió Peña.

Por su parte, COAG de Castilla y León criticó que el Ministerio de Economía se comprometió hace un año a que el Servicio de Defensa de la Competencia investigara los precios y a poner en marcha el observatorio de precios, sin que desde entonces se haya producido una regulación del mercado y sin que ese órgano haya actuado ''con eficacia'', según un comunicado de esta organización agraria.