ESPAÑA 04/09/2002
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, confió, en su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Congreso, en tener listo para octubre un documento alternativo a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para octubre con el consenso del sector y las Comunidades Autónomas.
Arias aseguró que no es urgente modificar ahora lo acordado en el Consejo Europeo de Berlín y matizó que aún se trata de una comunicación y no de una propuesta legislativa, por lo que queda delante un largo debate que se prolongará durante más de diez meses.
El Gobierno, comentó Arias, ya ha puesto en marcha grupos de trabajo técnicos para elaborar un documento alternativo que esperan esté finalizado para el mes de octubre, una vez que cuente con la respuesta de todas las Comunidades Autónomas sobre el impacto de la reforma en los distintos territorios.
Hasta la fecha son sólo nueve las Autonomías que han remitido al Ministerio su posición (Canarias, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra), pero ''no contestan a las preguntas del Gobierno'', sobre cómo afectará a los cultivos o al desabastecimiento de la industria agroalimentaria.
Los grupos de la oposición coincidieron en demandar a Arias que esta tarde hubiera expuesto la posición del Gobierno y alternativas a los puntos de la reforma propuesta por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, dado que no se trata de una simple revisión a medio plazo, sino de una ''profunda reforma''.
La oposición aseguró que en el trasfondo de la reforma subyace un problema financiero y un recorte de las ayudas de cara a la próxima ampliación de la Unión Europea (UE) a los países del Este.
Además criticó que, de prosperar el documento del comisario en los términos propuestos, supondrá mantener el actual desequilibrio que existe en la agricultura del norte y del sur.
La oposición también criticó la ''falsa modulación'' propuesta por Fischler, porque encubre un recorte indiscriminado de las ayudas que perjudica a las explotaciones de carácter familiar, además bajo la excusa de retraer fondos de la producción agrícola para desarrollo rural se debilita la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.
El ministro criticó que la conexión de las ayudas a la tierra, con referencias históricas puntuales, deteriorará el sistema de ayudas y planteará agravios comparativos entre productores, mientras que la modulación propuesta por la UE ''compromete la actividad de los agricultores con menores márgenes.
En este sentido, abogó por una modulación uniforme, obligatoria y aplicada con los mismos parámetros en toda la UE, ya que la propuesta supone que no serán los mismos agricultores a los que se les detraen las ayudas los que percibirán esos fondos para desarrollo rural.
El portavoz de Agricultura en el Congreso, Jesús Cuadrado, señaló que la propuesta pone en cuestión el actual modelo agrario europeo basado en la multifuncionalidad, por lo que pidió al ministro que defienda un modelo que tenga en cuenta la aportación de la agricultura a la seguridad alimentaria, la calidad y el sostenimiento del medio ambiente.
El diputado de Izquierda Unida Antero Ruiz López lamentó que la propuesta se traduce en un deterioro de la renta de los agricultores y que la propuesta de modulación tiene un grave problema porque no es redistributiva y no da más ayudas a las explotaciones más pequeñas y desfavorecidas.
El portavoz de Agricultura del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Guillerme Vázquez, asegura que la propuesta debería tener en cuenta una distribución más justa de los fondos, el fomento de alimentos de calidad y sanos, la reducción de los desequilibrios existentes en la agricultura comunitaria, pero ''nada de esto se adivina'' en el texto.
Desde Coalición Canaria, el portavoz de Agricultura, Luis Mardones, apuntó que el actual modelo propuesto es un cataclismo en la estructura productiva agraria, que conduce a una situación de incertidumbre del sector agropecuario y supone una ''dislocación'' entre las estructuras, los mercados y la economía agraria.
El portavoz de Convergencia i Unio (CiU), Ramón Compayns, esperaba un posicionamiento ''más radical'' del ministro, porque la Agenda 2000 está en vigor hasta 2007 y ''no hay ninguna excusa para proponer ahora un reforma que va en contra de los acuerdos adoptados en Berlín''.
El diputado del Partido Popular Angel Pintado coincidió con las críticas de los demás partidos, en la línea de las expuestas por el ministro, ''se puede decir más alto, pero no más claro'', y aseguró que el Ministerio de Agricultura ya está trabajando en propuestas alternativas, pero antes hay que conocer las respuestas de las Comunidades Autónomas.
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