ESPAÑA 05/09/2002
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, avanzó en el Senado que ocho de las nueve Comunidades Autónomas que hasta ahora se han pronunciado sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) coinciden con el Gobierno en su rechazo a la misma, a excepción de Navarra.
En una comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado, Arias informó de que éstas advierten de que la reforma supone una reducción en las ayudas a determinadas producciones que hará inviables los cultivos, con el consiguiente abandono de la producción y el riesgo de desabastecimiento; así como la consolidación de desequilibrios históricos.
Las Comunidades Autónomas que, al día de hoy, se han pronunciado sobre la reforma son Canarias, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra.
Reiteró que el Gobierno cuando reciba todas las propuestas de las Comunidades Autónomas, a las que ha pedido que evalúen el impacto de la reforma del comisario de Agricultura, Franz Fischler, consensuará con éstas y el sector un texto alternativo para intentar una menor reducción de las ayudas y un menor impacto de la modulación.
No obstante, avanzó que el objetivo de España es elevar la franquicia en la modulación, de los 5.000 euros propuestos por Fischler a 10.000 euros, lo que supondría que sólo se vean afectados por esta medida unos 97.000 agricultores, la mitad de si se aplica la cantidad propuesta por el comisario.
Aseguró, además, que si saliera adelante el sistema planteado por Fischler habría producción de cereal que dejaría de ser rentable.
Así, afirmó, que según un análisis de su Departamento, las explotaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León de menos de 2,5 toneladas por hectárea no serían rentables, lo que supondría el abandono de 600.000 hectáreas, una reducción en la producción de 1,5 millones de toneladas y una disminución de los imputs de este cultivo de 180 millones de euros.
Sobre las reacciones de las Comunidades, especificó que Canarias se muestra ''radicalmente contraria'', porque el texto no prevé que es una región periférica y porque puede afectar a la producción de plátano; mientras que Cataluña considera que se consolidan las penalizaciones y conlleva grandes riesgos de abandono de cultivos.
Informó de que Extremadura rechaza este sistema de modulación ya que perjudica al profesional agrario y avisa de que la conexión de las ayudas a la tierra conllevará el desequilibrio territorial; en tanto que Galicia también prevé graves desajustes en el territorio.
Indicó que Murcia expresa su preocupación por los frutos secos y pide que la ayuda sea igual a la actual, y que el País Vasco afirma que el recorte lineal de las ayudas es inaceptable para las explotaciones familiares y muestra interés por los cultivos energéticos.
Arias afirmó que la Comunidad Valenciana rechaza la modulación, que afectaría a 1.800 agricultores y supondría una reducción de las ayudas de 3,6 millones de euros; mientras que, por el contrario, Navarra es favorable al establecimiento de una ayuda a la producción, mayor en las zonas de montaña.
Por su parte, todos los grupos presentes en la Cámara expresaron su rechazo a la reforma y pidieron al ministro que coordine la defensa de los intereses del campo español en diálogo con las Comunidades Autónomas y el sector.
El senador del Grupo Mixto Salvador Quintana afirmó que Galicia defiende una nueva PAC que reduzca los desequilibrios existentes y distribuya más equitativamente los fondos del FEOGA; en tanto que José Luis Pérez de Coalición Canaria lamentó que el documento no sea coherente con el apoyo a las regiones periféricas.
Ricardo Gatzagaetxebarría de Senadores Nacionalistas Vascos, que afirmó que la reforma ''fundamentalmente es rechazable'', se preguntó si el Gobierno no podría haber hecho algo más durante la Presidencia de la UE y el senador de CiU Xavier Marimón aseguró que la postura de España tiene que ser clara y lo más unánime posible.
El senador socialista Fernando López insistió en que la propuesta de comisión es ''inaceptable, por lo que hay que oponerse frontalmente y explicárselo a los ciudadanos'', al tiempo que demandó que se remita al senado los informes elaborados por las regiones.
Por último, el senador del PP Angel Carlos Bernáldez anunció que su grupo va a presentar una moción, además de en el Senado en las Comunidades Autónomas, instando al Gobierno a defender los intereses del campo, con el apoyo de los grupos políticos, las autonomías y el sector.
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