ESPAÑA 05/08/2002
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley que regula la utilización y comercialización de organismos modificados genéticamente (transgénicos), y ha diseñado un régimen sancionador que prevé multas de hasta 1,2 millones de euros (unos 200 millones de pesetas).
El proyecto, aprobado a propuesta del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, regula la liberación voluntaria de transgénicos y la comercialización de estos organismos o de productos que los contengan, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.
Según la información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, con este proyecto se adecuará la legislación española a la normativa comunitaria sobre esta materia.
Los principios que inspiran la Ley son los de ''prevención y cautela'', ''caso por caso'' y ''paso a paso'', y los de información y participación pública, para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la liberación o comercialización autorizada de estos organismos.
Todas las autorizaciones para comercializar transgénicos, para realizar ensayos, y para importar o exportar productos que los contengan deberán ser otorgadas por el Consejo Interministerial de organismos modificados genéticamente.
El texto define las competencias que en esta materia tendrá cada administración, y otorga a las Comunidades Autónomas, entre otras funciones, las de la vigilancia, el control y la imposición de las sanciones.
Para disponer de toda la información sobre estos productos y facilitar su control ante una eventual retirada del mercado y localizar los movimientos en todas las etapas de producción, transformación y distribución, la Ley ha concretado cómo debe efectuarse su etiquetado.
La norma establece varias sanciones para infracciones leves, graves y muy graves, y entre éstas está considerada la de liberar estos productos o comercializarlos sin autorización, lo que se sancionará con una multa de hasta 1.200.000 euros o la clausura de las instalaciones donde se ha cometido la infracción.
Los órganos que tendrán competencias en esta materia serán el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, que estará compuesto por representantes de los Ministerios relacionados con esta ley y del que dependerá la concesión de autorizaciones, y la Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano consultivo en el que estarán el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y expertos.
El proyecto de Ley, que se tramitará a partir de septiembre en el Parlamento, contempla además una tasa que gravará la prestación de servicios por parte del Estado para la ejecución de actividades con transgénicos.
