ESPAÑA 08/07/2002
La Comisión Europea tiene previsto presentar la próxima semana sus esperadas propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), de las que dependen en gran medida las negociaciones de ampliación al Este, y en las que planteará recortar las ayudas directas a los agricultores.
El Ejecutivo comunitario analizará el miércoles el documento elaborado por los servicios del comisario de Agricultura, Franz Fischler, con el que pretende reducir anualmente un 3 por ciento de las ayudas directas, hasta que este porcentaje llegue al 20 por ciento en siete años, y destinar ese dinero a medidas de desarrollo rural.
Aunque en principio está previsto que el Colegio de Comisarios apruebe el proyecto el día 10, ''no se descarta un aplazamiento'', en el caso de que algunos gabinetes defendieran el lunes posponer el debate, según fuentes cercanas a Fischler.
La Unión Europea (UE) espera con expectación la reforma, que Bruselas presenta como ''ajuste'', de una de las principales políticas comunitarias, la PAC, creada en 1962 con el fin de lograr un mercado único de productos agrícolas.
El miércoles comenzará oficialmente la llamada ''revisión a medio plazo'' o ''revisión intermedia'' de la PAC, porque se trata de realizar algunos cambios para mejorar los objetivos aprobados en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Berlín en 1999, cuando se aprobó la Agenda 2000 y se reformó por última vez esta política.
Con la Agenda 2000, los Quince aprobaron una mayor orientación del sector agrícola al mercado, un aumento de la competitividad, de la seguridad y calidad alimentaria y la integración de las preocupaciones medioambientales.
La reducción de ayudas directas que Fischler quiere aplicar a partir de 2004, se enmarca dentro de una ''modulación obligatoria'', es decir, un traspaso de fondos que financian las medidas de mercado, como las ayudas directas (primer pilar de la PAC), hacia las iniciativas de desarrollo rural (segundo pilar), que son cofinanciadas por los Estados miembros.
Bruselas propuso ya una modulación, pero con carácter voluntario, dentro de la Agenda 2000.
La reducción de ayudas se aplica en concepto de una ''modulación obligatoria'', por la que se traspasan fondos de las medidas de mercado, como apoyos directos (primer pilar), hacia acciones de desarrollo rural.
La Comisión Europea prevé que el recorte de pagos directas genere unos fondos de entre 500 y 600 millones de euros para el presupuesto agrícola en 2005, tras el primer año de aplicación de la revisión PAC, que irían al desarrollo rural.
Esos fondos adicionales, se incrementarán anualmente en la misma cuantía, por cada tres por ciento de reducción progresiva de las ayudas directas.
Bruselas pretende que en siete años la mitad del presupuesto agrícola sea para el desarrollo rural.
Varios países de la UE -Francia, Portugal, Italia y Grecia- han expresado su rechazo a la reducción de las subvenciones directas y, aún más, el Gobierno francés ha anunciado que ''no permitirá una reforma de la política agrícola antes de 2006''.
Por el contrario, Alemania, Holanda, Reino Unido y Dinamarca son partidarios de que se desmantelen las ayudas directas y abogan por ''renacionalizar'' la PAC para ahorrar.
Estos cuatro países provocaron el retraso de la decisión sobre la concesión o no de ayudas agrícolas directas a los países candidatos a la adhesión, decisión que va a coincidir en el tiempo con la revisión de la PAC, aunque la Comisión Europea sigue negando que vayan a mezclarse ambos debates.
La revisión a medio plazo supondrá modificaciones en algunos sectores para cerrar cuestiones abiertas en la Agenda 2000, en vista de los últimos datos sobre los mercados mundiales y de factores como la recientemente aprobada ley agrícola de los Estados Unidos (Farm Bill), en las que se aumentan los apoyos a los agricultores de este país.
Por productos, se esperan mayores cambios en los sectores de cereales (trigo y centeno) y arroz, además de la introducción de una prima definitiva para el cultivo de frutos secos.
Asimismo, Bruselas estudia ''desvincular'' las ayudas de la producción e introducir una prima única de renta por explotación, basada en referencias históricas.
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