ESPAÑA 10/07/2002
Miembros de la Administración gallega, del sector y europarlamentarios participaron en una mesa redonda sobre la importancia de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para Galicia.
Bruselas propuso, en su proyecto de reforma de la PPC, medidas para reducir el esfuerzo pesquero y potenciar el desguace de 8.600 barcos y 28.000 empleos de toda la UE (entre 2003 y 2006), que en Galicia, podría afectar a 700 barcos y 2.700 pescadores.
El director general de Estructuras y Mercados de la Pesca de la Xunta de Galicia, Andrés Hermida, afirmó que ''está claro que hay que proteger los recursos pesqueros, pero la idea de eliminar las ayudas a la modernización y de fomentar medidas sociales contraproducentes no es la solución''.
Criticó el fin de las ayudas a la construcción y modernización de barcos previsto por la Comisión Europea sólo contribuirá a que haya buques ''más viejos, sobre todo en un momento en que hay una siniestrabilidad elevada'' en el sector pesquero comunitario.
La Xunta estima que ''no es de recibo'' que Bruselas proponga el final de esas subvenciones, ''para castigar'' a los que no han cumplido los objetivos de reducción de la flota previstos en los Programas de Orientación Plurianual (POP).
Hermida dijo que, en lugar de la propuesta de la Comisión, sería más práctico fijar métodos ''estrictos'' y un sistema de sanciones para recuperar las pesquerías en determinados caladeros, afectados por la escasez de recursos.
El director de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo, José Ramón Fuertes, señaló que ''la Comisión se preocupa de la conservación duradera de los recursos con sus propuestas drásticas, pero se olvida casi por completo del sector''.
Subrayó que los cálculos de Bruselas sobre los barcos que deben ser desguazados ''son erróneos'' y ''carecen de fundamento jurídico''.
Los armadores ''echan en falta'' en la propuesta de la PPC un informe en torno a la situación de las regiones europeas dependientes de la pesca, porque actualmente Galicia no está reconocida como tal.
La relación de regiones dependientes de la pesca, según la cual se establecen las cuotas pesqueras, fue elaborada hace 20 años, antes de que España y Portugal entraran a la UE.
El sector pide también que se reconozcan los derechos de la flota española a partir de enero de 2003, una vez que expiran las restricciones transitorias fijadas en el Tratado de Adhesión a la UE.
En la misma línea, el eurodiputado gallego Daniel Varela (PPE) remarcó que la Comisión Europea ha presentado su proyecto de reforma sin estudiar a fondo la dependencia de las regiones pesqueras.
Varela, encargado de elaborar uno de los dos informes del Parlamento Europeo sobre la reforma de la PPC, señaló que hay que mejorar la propuesta de Bruselas ''porque es desequilibrada'' y criticó también que se quieran proteger los recursos pesqueros ''a base de desguazar barcos''.
El eurodiputado añadió que la propuesta de reforma frena las posibilidades de que la flota se desarrolle en el exterior, al suprimir las ayudas a la constitución de sociedades mixtas.
