ESPAÑA 17/07/2002
Los países integrantes del grupo ''Amigos de la Pesca'' -España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal- acordaron en su encuentro de París elaborar propuestas constructivas que permitan alcanzar una reforma equilibrada y realista de la Política Común de Pesca (PCP).
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, quién asistió al encuentro, apoyó que el grupo ''Amigos de la Pesca'' proponga en las próximas semanas a la Comisión Europea, en el marco de un diálogo constructivo con la Comisión y los restantes Estados miembros, las medidas concretas que contribuyan al diseño equilibrado de la PCP.
En un comunicado del Ministerio de Agricultura (MAPA), Arias hizo hincapié en la necesidad de acometer una reforma equitativa, que tenga en cuenta el impacto económico y social, garantizando los principios de cohesión comunitarios.
El grupo ''Amigos de la Pesca'' llegó a la conclusión de que la PCP debe ser una síntesis equilibrada entre la gestión duradera de los recursos, asunto absolutamente prioritario, y la no menos necesaria consideración de la dimensión social, económica y territorial de la actividad pesquera.
El comunicado detalló que también hubo consenso para acordar que la reforma de la política pesquera deberá reconocer las necesidades específicas del Mar Mediterráneo y de las regiones ultraperiféricas.
Los participantes en la reunión, según el comunicado, analizaron la gestión de los recursos, cuyas modalidades deben ser diferenciadas en función de su estado biológico y rechazaron la generalización de los planes de gestión pluarianuales.
Los ministros constataron que la ''superposición de varios instrumentos de regulación de capturas para un mismo stock no resulta eficaz''.
Si en la mayoría de los casos el instrumento de gestión son los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas, la gestión por vía del control del esfuerzo pesquero es pertinente en ciertas ocasiones, especialmente en el Mediterráneo.
El comunicado asegura que se constató que, dado que la gestión duradera de los recursos constituye una responsabilidad política de la UE, la decisión sobre las medidas que tiendan al logro de este objetivo debe ser exclusivamente del Consejo de Ministros de Pesca comunitario.
Los ministros consideraron que resulta esencial para la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores disponer de una flota de pesca renovada y moderna, lo cual justifica apoyos por parte del sector público, que permitan mejorar la calidad y el valor de las capturas, así como asegurar la supervivencia de las empresas del sector, en el marco de una gestión responsable de los recursos.
En este sentido, los ministros estuvieron de acuerdo en subrayar que las ayudas no representan un incremento del esfuerzo pesquero y destacaron la necesidad de garantizar la continuidad de los apoyos a la exportación de barcos de pesca comunitarios a países terceros y la constitución de sociedades mixtas.
En relación con la política exterior, los ministros demandaron que la UE asuma una presencia creciente en las organizaciones internacionales, especialmente en las organizaciones regionales de pesca, y que efectúe el seguimiento del desarrollo de los acuerdos pesqueros.
Dichos acuerdos, al permitir el acceso de flotas comunitarias a aguas internacionales y de países terceros, juegan un importante papel tanto en términos económicos como de política de cooperación con los países en desarrollo.
