ESPAÑA 24/07/2002
Los empresarios extremeños que contraten a inmigrantes con unas condiciones laborales y sociales acordes a la ley recibirán una etiqueta social que adherirán a sus productos como identificativo de haber empleado a los trabajadores con un salario, horario y condiciones dignas.
Se trata de una iniciativa promovida por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), que presentaron en la UE para optar a financiación comunitaria y que, tras recibir el visto bueno, ha sido presentada a los medios de comunicación por el secretario de Organización de UPA-UCE Extremadura, Miguel Leal.
En concreto, es un proyecto, todavía en fase de elaboración, en el que colabora también el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que busca sensibilizar a la población y que se presenta como pionero en el país.
Según explicó el coordinador del proyecto, Nereo Ramírez, se trata de un proyecto muy ambicioso que persigue ''la calidad del trabajo en el campo'' y que se firma por un periodo de dos años, en contra de los acuerdos ''temporales'' alcanzados en campañas pasadas con los sindicatos.
Su aplicación en la región se decidió por el escaso grado de conflictividad social registrado en la comunidad, que llevó a UPA estatal a apostar por Extremadura como escenario de este proyecto y a descartar otras alternativas, como por ejemplo Almería.
Tras haber recibido la aprobación de la Unión Europea -que financiará un 75 por ciento de los 162.273 euros presupuestados mientras que el resto corresponderá a UPA-, las organizaciones implicadas elaboran el documento, que posiblemente será firmado, que recoge las condiciones de acceso al etiquetado social.
En función de los resultados de la primera fase, que concluye el próximo 31 de diciembre, la UE decidirá la concesión de la partida presupuestaria correspondiente a la segunda anualidad de modo que, según las previsiones de UPA-UCE, la concesión de las etiquetas comenzará a finales de 2003.
Para acceder a ellas, los empresarios deberán cumplir unos requisitos, entre ellos, el respeto a los tiempos de trabajo y descanso, la garantía de unas condiciones higiénicas, asistencia sanitaria de los trabajadores o la adecuación de las zonas de acampada y de uso común de los temporeros y sus familiares.
En caso de ser concedida, un comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de estas condiciones así como su mantenimiento en el tiempo por lo que, según Ramírez, el proyecto buscará la implicación de la Administración.
El director territorial del IFES en Extremadura, Luis Durán, destacó que, a partir de los datos obtenidos en las encuestas realizadas, el cumplimiento de la normativa en la contratación de los temporeros en Extremadura es ''muy importante''.
Anunció que, de cara a la concesión de las etiquetas sociales, ''el panorama que se presenta es bastante positivo''.
Aunque se trata de un proyecto pionero en el país, el objetivo de UPA-UCE es que se implante en otras comunidades autónomas y estados miembros de la Unión Europea.
