ESPAÑA 29/07/2002
El conjunto del sector coincidió en tachar el plan estratégico vitivinícola presentado por el Ministerio de Agricultura de ''insuficiente'', ya que se trata de una mera ''declaración de intenciones'', que no recoge medidas a medio y largo plazo y que sólo incide en la producción.
Las cooperativas (CCAE), las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y asociaciones de bodegas (FEV y AVIMES) se reunieron La solución para paliar los efectos negativos de no haber renovado el acuerdo de pesca que España mantenía con Marruecos pasa por recolocar la flota pesquera andaluza en los caladeros de Argelia y Mauritania, según dijo el consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata.
En declaraciones a los periodistas, Plata, tras la presentación de la feria aceitera ''Oleosur'', aseguró que la solución para la flota pesquera andaluza no pasa por seguir destruyendo más barcos, sino por recolocarlos en caladeros ''con más posibilidades'', como son los de los países africanos, Argelia y Mauritania.
Plata explicó que se deberían crear sociedades mixtas para explotar estos caladeros y señaló que en el de Argelia ya existen siete de estas sociedades trabajando ''en unas condiciones muy parecidas a las que existen en nuestra zona''.
El consejero, que recordó el acuerdo alcanzado con el Gobierno central por el cual las dos administraciones destinan 60 millones de euros a partes iguales para aquellos pescadores perjudicados por la ruptura del convenio de pesca con Marruecos, aclaró que ''sería importante mejorar las relaciones'' con el país norteafricano, ''para mejorar las relaciones comerciales en sus caladeros''.
Aunque Plata no le otorgó demasiada importancia al incidente de Perejil en relación con el problema de la pesca, sí que pidió ''políticas constructivas'', para que la cooperación de Andalucía con Marruecos no se vea afectada por este tipo de incidentescon el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, para debatir sobre el plan estratégico, que ya fue presentado en Conferencia Sectorial a las Comunidades Autónomas.
Lamela, finalizado el encuentro, aseguró que el texto, tras el análisis, contará con medidas adicionales planteadas, que no están recogidas, e hizo hincapié en que se trata de un plan ''abierto y dinámico''.
El subsecretario comentó que las medidas que cuentan con apoyo se intentarán poner en marcha lo antes posible y que aquellas en las que no hay un consenso básico se ''analizarán de forma pormenorizada para lo que se establecerá un calendario de trabajo en septiembre'', cuyas decisiones definitivas volverán a pasar por una Sectorial.
Potenciar la producción de mostos, fijar contratos estables entre viticultores y bodegas para garantizar una renta a los agricultores, iniciar una campaña agresiva de comercialización en mercados exteriores, reordenar el sector para adecuar la oferta y la demanda, son algunos de los puntos con un amplio consenso.
El secretario general adjunto de la Federación Española del Vino (FEV), Rafael del Rey, se mostró crítico con el plan, porque sólo atiende a problemas coyunturales de exceso de vino y medidas de control, en lugar de recoger también aspectos importantes para dinamizar el sector como la incentivación de medidas de demanda.
Desde la Asociación de Operadores de Vino de Mesa (AVIMES), Ramón Cantarero, apuntó que valoran el plan, sobre todo, el punto que aboga por potenciar la producción de mosto, pero instó al Ministerio a que no tome decisiones precipitadas y a que se estudie cada punto previo a su puesta en marcha.
El portavoz vitivinícola de CCAE, Joaquín Hernández, señaló que el plan ''no resuelve los problemas del sector'' y vuelve a incidir sobre la producción, sin ofrecer medidas claras sobre la demanda, como incentivar el consumo dentro y fuera de España, a la vez que poner en marcha una campaña para transmitir el valor del vino.
El responsable del vino de ASAJA, Fernando Villena, cuestionó la rapidez con la que el Ministerio quiere ponerle en marcha y la credibilidad de algunas medidas, porque antes de limitar rendimientos, que perjudicaría al sector, habría que tener un control de los viñedos ilegales.
El portavoz sectorial de COAG, Manuel Sánchez-Brunete, calificó el plan de decepcionante, ya que únicamente recoge medidas prohibitivas y de limitación sobre la oferta y, en referencia a la posibilidad de que Agricultura pueda limitar la percepción de ayudas comunitarias a un rendimiento, señaló que ''no tiene ningún sentido'' si los demás países miembros no lo aplican.
El responsable de vino de UPA, Pedro Martínez, tachó de ''incompleto'' el plan e incidió en que lo que hacen falta son medidas clara para incidir sobre los mercados, la comercialización y la competitividad, además de apoyar un modelo productivo encaminado hacia las demandas del mercado.
El sector lamentó además que no haya una ficha financiera clara de apoyo a este plan, aunque reconocieron que las Comunidades Autónomas podrían aportar presupuesto para poner en marcha las medidas sobre la demanda, un ''enfoque fundamental'' que aseguran no está recogido en el plan.
También mostraron su oposición a la posibilidad de que Agricultura establezca mediante Real Decreto supeditar las ayudas comunitarias a una limitación de los rendimientos, porque ''no hay que restringir la producción, sino buscar fórmulas de comercialización, sobre todo, en mercados emergentes''.
A este respecto, Lamela aseguró que sólo se pondría en marcha de forma coyuntural y cuando sea necesario, al tiempo que añadió que ''se aplicaría previa consulta del sector''.
El subsecretario anunció que hay una gran unanimidad para que se active el Consejo Español de Vitivinicultura, recogido dentro de la futura ley del vino, antes de que ésta entre en vigor, como un foro de discusión entre Administración y sector y añadió que en septiembre se buscarán las fórmulas para que sea un organismo estable.
A este respecto el sector mostró su total apoyo, dada la ''ineficacia'' de la Interprofesional del Vino de Mesa y de la Tierra (IVIM).
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