ESPAÑA 06/06/2002
La instalación de invernaderos en la provincia de Granada quedará regulada con una ordenanza consensuada entre la Junta, la Subdelegación del Gobierno, los ayuntamientos y las organizaciones agrarias, que, entre otros aspectos, exige medidas para reducir el impacto medioambiental de las explotaciones.
El documento, en el que han trabajado las administraciones y los colectivos agrarios durante un año, será aprobado por los 25 municipios granadinos en los que existen grandes extensiones de cultivos bajo plástico, que se concentran en la costa y la Alpujarra, la comarca de Alhama-Temple y la zona Norte.
En aquellas localidades que no asuman el texto se aplicarán no obstante los mismos requisitos, aprobados por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio como norma subsidiaria.
Tras su entrada en vigor, los propietarios de los invernaderos que ya funcionan en la provincia tendrán un plazo de cinco años para adaptarlos a los nuevos requisitos legales y, en el caso de que no cumplan la ordenanza, las administraciones podrán demoler las instalaciones.
Según informaron en conferencia de prensa el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Jesús Quero, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Alfonso Marín Sicilia, la ordenanza prohibirá la instalación de invernaderos en terrenos con pendientes superiores al 25 por ciento y, para pendientes del cinco por ciento y taludes de más de 3 metros de altura, exigirá un informe técnico previo.
Con esta exigencia y con medidas como la prohibición de evacuar las aguas de lluvia o el establecimiento de distancias mínimas a viviendas, las administraciones pretenden evitar riesgos de avenidas y de movimientos de tierra, que se acentúan con este tipo de explotaciones.
El invernadero no podrá ocupar toda la parcela, en la que tendrá que haber superficies libres de plástico que oscilan entre los 150 y los 350 metros cuadrados, según la extensión de la explotación.
Para reducir el impacto visual que provocan, se obligará también a los agricultores a colocar pantallas vegetales.
Además, la ordenanza, que establece sanciones de hasta 30.000 euros, obliga a contar con contenedores para acumular los residuos, con sistemas para eliminar los lixiviados, y prohíbe la incineración de plásticos.
La instalación de invernaderos precisará de una licencia municipal, autorización que hasta ahora no era preceptiva y que, según Quero, es imprescindible porque requiere de la construcción de una estructura.
Tanto Quero como Marín Sicilia expresaron su satisfacción por que el documento, que ha tomado como base la ordenanza de Motril, haya sido consensuado y subrayaron que su objetivo es conciliar la importante actividad económica que generan estos cultivos con las garantías al medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos.
En la provincia de Granada ha proliferado en los últimos años el cultivo bajo plásticos, sobre todo en la costa, donde el ritmo de crecimiento de los invernaderos es de una hectárea al día, según el delegado del Gobierno andaluz.
