ESPAÑA 08/05/2002
UGT y CCOO de Andalucía dieron un ultimátum al Gobierno para que antes del 23 de mayo retire su propuesta de reforma del sistema de protección por desempleo y del subsidio agrario, ya que, de lo contrario, propondrán en sus respectivos órganos directivos la convocatoria de un paro general el 20 de junio.
En rueda de prensa conjunta, el secretario de CCOO-Andalucía, Julio Ruiz, advirtió que desde Andalucía tanto UGT como CCOO, que celebran por separado el 23 de mayo reuniones de sus máximos órganos de dirección en Madrid, plantearán un paro general para el 20 de junio, víspera de la Cumbre de jefes de Estado de la UE en Sevilla, si el Gobierno no retira su propuesta y advirtió de que el país se ''va a parar'' ese día si se lleva a cabo la huelga general.
Julio Ruiz afirmó que la propuesta del ejecutivo de reforma del subsidio agrario es un ''ataque sin precedentes al sistema de protección social de este país'' y alertó de que, ''si esa reforma pasa, el sistema de protección social está en vías de extinción''.
El secretario de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, sostuvo que la reforma del Gobierno responde a un ''cambio de su estrategia política'', ya que de ser el ''defensor'' del subsidio agrario cuando estaba en la oposición ha pasado a ''denostarlo'' porque ''se ha dado cuenta de que no hay voto cautivo en el PER''.
Denunció que el Gobierno ''intenta confrontar a distintos colectivos'' y para ello utiliza al AEPSA -antiguo PER- desde una ''óptica de rentabilidad política en el medio urbano porque ha constatado que no obtiene votos en el medio rural'', lo que calificó de ''indigno''.
En la misma rueda de prensa las secretarias generales de las federaciones de Agroalimentación de CCOO, Cecilia Sanz, y de UGT, Blanca Uruñuela, explicaron el contenido de las propuestas del Gobierno sobre el subsidio agrario, de las que dijeron que son ''innegociables'' y pidieron su retirada.
Criticaron que el ejecutivo presente a los trabajadores agrarios como ''vagos, subsidiados y defraudadores'' y aseguraron que esos ''estereotipos son falsos'', ya que son los ''más desprotegidos'' de toda España.
Argumentaron que unos 233.000 jornaleros reciben una prestación media durante cinco meses año al año de unos 324 euros al mes, lo que supone un gasto anual de 979 millones de euros frente a 6.000 millones de euros que reciben los empresarios en subvenciones de la UE.
Además, criticaron que el Gobierno condicione el cobro de esta prestación a que acepten una oferta de empleo con el agravante de que los trabajadores del campo son considerados idóneos para cualquier otro empleo.
La ''contrapartida'' de implantar el desempleo contributivo que plantea el Gobierno ''discrimina'' a los agrarios respecto del resto de trabajadores, ya que tendrían que trabajar seis o siete años para reunir 360 días cotizados que le permitan cobrar cuatro meses el paro porque no les cotizan los festivos ni los días que no trabajen por inclemencias del tiempo u otros motivos.
Negaron que los trabajadores del campo sean ''vagos'', ya que son los que más movilidad geográfica tienen al desplazarse unos 150.000 por España para trabajar en las sucesivas campañas agrícolas, y denunciaron que son los que tienen peores condiciones laborales, con una tasa de temporalidad del 62 por ciento frente al 32 por ciento del resto.
Aseguraron que la reforma no incluye ni una sola medida para combatir el fraude, que cifraron en el 0,3 por ciento según el INEM, y sostuvieron que el régimen especial agrario de la Seguridad Social es el que permite ''ciertas corruptelas'' y hay que reformarlo.