ESPAÑA 05/04/2002
CCOO pidió que las administraciones cubran los sueldos de los trabajadores del tomate y las pérdidas de los aparceros, unas 6.000 personas, y no destinen las ayudas únicamente a los empresarios, pues no son los únicos perjudicados por el virus, afirmó el responsable sindical Agustín Sosa.
Manuel Delgado, representante estatal del sector, agregó que las bonificaciones y descuentos fiscales previstas en el real decreto aprobado por el Gobierno central benefician sólo a los empresarios, así como las demoras en los pagos a la Seguridad Social, el crédito de 18 millones de euros contemplado y la aportación que hará el Ministerio de Economía, aún por concretar.
El representante regional de CCOO explicó que las cifras aún no se concretan, pero que sólo en concepto de pérdidas de los trabajadores por cuenta ajena en régimen fijo discontinuo la cifra asciende a unos 4,8 millones de euros.
Los trabajadores no han podido trabajar los seis meses de la campaña a tiempo completo, con lo que el mayor problema no está en sufragar las cotizaciones, sino en el sueldo perdido, subrayó.
Además, los aparceros también han perdido dinero y pide que, como mínimo, se cubran las 27 pesetas que perciben por kilo de producto.
El sindicalista hizo referencia al real decreto que declaró catastrófica las plantaciones de tomate, y consideró necesario que se extienda al conjunto del archipiélago, pues aunque la mayoría se concentran en el sureste de Gran Canaria los empaquetadores -cerca de 2.000- también son empleados afectados y se encuentran en otras zonas de Gran Canaria y en Tenerife, entre otros.
Al tener en cuenta los trabajadores del sector del tomate de otras zonas, la cifra para la que piden que la Administración cubra pérdidas asciende a unos 12.000 trabajadores, subrayó.
El sindicalista criticó que el consejero de Empleo, Marcial Morales, no le haya recibido para tratar esta situación, así como que el lunes tenga prevista una reunión para analizar la vía normativa por la que desarrollar el real decreto con presencia de los empresarios pero no de los sindicatos.
''¿Cómo se va a solucionar el problema de regulación de empleo sin nosotros?'', se preguntó el sindicalista, quien trasladará su propuesta al director General de Trabajo, Antonio Lorenzo, para que éste se lo exponga a Morales dado que no están invitados al encuentro.
El objetivo es que los expedientes de regulación de empleo reconozcan las causas de fuerzas mayores para que además de las cotizaciones a la Seguridad Social se tengan en cuenta las retribuciones.
Uno de los motivos por los que el sindicato quiere estar presente, para lo que esta ''legitimado democráticamente, a diferencia de los empresarios, y además es el más representativo en el sector agrícola de Canarias'', subrayo Sosa, es presenciar la resolución de ambigüedades que plantea el real decreto.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo habla de la extensión de contratos, pero eso no es posible cuando el trabajador es fijo discontinuo, subrayó.
Los empresarios están de acuerdo con su presencia en la reunión, agregó Sosa, y el presidente del Gobierno, Román Rodríguez, reconoció en Santa Lucía que el problema de los trabajadores aún no está resuelto aunque el real decreto vaya a solventar el de los empresarios.
El real decreto no prevé que los trabajadores han pasado a percibir aproximadamente la mitad al mes, pues el sindicato calcula que las horas trabajadas en esta campaña son la mitad que en las anteriores, agregó el representante estatal.
