Chile 26/04/2002
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, que declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la causa que se instruye por presunto fraude en el cobro de ayudas al lino, dijo que ''si queremos mantener la Política Agraria Común y sus ayudas, hay que echar del cobro de las subvenciones a los cazaprimas''.
Alonso, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes regionales en Toledo, indicó que declaró ''tranquilo'' ante Garzón y afirmó que, si existen cazaprimas en otros cultivos que no son el lino, ''hay que buscarlos y, si es posible, erradicarlos''.
Alejandro Alonso manifestó que le produce ''satisfacción'' que la denuncia que hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la existencia de fraude en el cobro de subvenciones al lino coincida con lo detectado luego por la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la Comisión Europea y por la Fiscalía Anticorrupción.
El consejero de Agricultura dijo que en Castilla-La Mancha ''hemos conseguido acabar con el fraude del lino, pues ya no hay cultivadores de subvenciones, y el número de hectáreas es cero'', y añadió que, aunque todo lo ocurrido ''es ingrato y duro, si queremos mantener las ayudas de la PAC y que los agricultores reciban subvenciones, hay que echar del cobro de esta subvenciones a los cazaprimas''.
Por su parte, el diputado regional del PP Domingo Triguero afirmó también en los pasillos de la Cámara autonómica que en el caso del lino ''al final será el propio Gobierno autónomo quien tenga toda la responsabilidad''.
Triguero afirmó que lo que ha conseguido el Ejecutivo regional es ''echar fuera al lino de Castilla-La Mancha'', donde había unos miles de hectáreas, mientras que el cultivo ''sigue funcionando en Europa''.
En su opinión, ''aquí hay un asunto político'', ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha ''por meter el dedo en el ojo a Loyola de Palacio, que era entonces ministra de Agricultura, ha dejado ciegos a los agricultores de Castilla-La Mancha''.
Domingo Triguero se refirió a la declaración que Alonso hizo ante Garzón, en la que decía que el entonces presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, imputado por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, le pidió que suavizase los controles sobre este cultivo.
En este sentido, señaló que ''si el presidente del FEGA le pidió eso, es porque el control de las ayudas lo tenía la Consejería'' y agregó que, mientras que las comunidades de Extremadura, Castilla y León y el Gobierno de España han recurrido la multa impuesta por la Comisión Europea (CE) por el fraude detectado por la OLAF, ''Castilla-La Mancha sigue debiendo varios miles de millones''.
Además, Triguero dijo que ''aquí nadie se ha llevado nada'', sino que fue la Consejería la que ingresó en sus cuentas el importe de las ayudas, con lo cual, dijo, es la responsable si los pagos se hicieron de forma indebida y también, si habiendo pagado a los cultivadores porque les correspondían legítimamente las ayudas, han denunciado luego un fraude.
Domingo Triguero agregó que ya ''el Gobierno de Castilla-La Mancha no dice que hubo un fraude generalizado'' y afirmó que ''de los 48 imputados en la causa de los que se hablaba no sé si queda alguno''.
