ESPAÑA 29/04/2002
Las organizaciones agrarias COAG-IR, ASAJA y UPA y la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN) constituyeron una mesa, que se reunirá con una periodicidad mensual, para analizar los problemas del sector del vino, especialmente la crisis de precios por la que atraviesa y su repercusión en la renta de los agricultores.
El secretario de COAG-IR en Castilla-La Mancha, Antonio Castellanos, destacó la importancia de que se constituya este foro en un momento en que el sector se enfrenta a un cambio normativo importante y a presiones de países de la Unión Europa para que se cambie la actual Organización Común de Mercado (OCM) del Vino, que ya ha cumplido dos años de vigencia.
Castellanos señaló que las organizaciones agrarias de la región y UCAMAN también abordarán otras cuestiones, como conseguir una mayor producción de mosto en la próxima campaña y sucesivas y la Ley del Vino, además de la reducción que ha experimentado la renta de los viticultores, que un informe del Ministerio de Agricultura cifra en un 40 por ciento.
Antonio Castellanos añadió que ''el vino necesita que nos olvidemos de nuestras diferencias y que estemos dispuestos a negociarlas y discutirlas'' al tiempo que se mostró convencido de que las reuniones periódicas que celebrarán ''darán sus frutos''.
''Tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones conjuntas'', dijo el secretario regional de COAG-IR, que señaló que ''se pueden hacer más cosas para vender más y mejor''.
En este sentido, indicó que en la región ''se está vendiendo mucho vino al exterior y se ha ganado mercado, pero sobre la base de precios muy bajos'', por lo que señaló que ''queremos que los industriales ganen mercados, pero no a costa de las rentas de los agricultores''.
No obstante, indicó que esta ''crisis no es exclusiva de Castilla-La Mancha y hay que buscar soluciones, que las hay y que ni siquiera serían muy costosas para el Ministerio y para la Consejería de Agricultura''.
Castellanos señaló también que ''en momentos de exceso de producción no pueden sufrir el mismo coste los que cumplen la normativa que los que tienen viñas ilegales'' y agregó que ''la Administración tiene en estos momentos suficiente información para saber quien incumple y a quien hay que hace cumplir la Ley''.
Respecto a la futura Ley del Vino, afirmó que lo peor es que no la hubiera, ya que la norma que regula al sector es de hace treinta años ''y está obsoleta''.
Asimismo, advirtió que es importante que Castilla-La Mancha muestre una posición firme ante los países que como Francia quieren cambiar la actual OCM para que se repartan entre todas las naciones de la Unión Europea los cupos de destilación de alcohol de uso de boca de que dispone España, alcoholes que recordó no se utilizan en otros países.
Por su parte, el secretario regional de UPA, Cristóbal Torres, criticó la pérdida de rentas que han sufrido los viticultores este año y se quejó de que en España las administraciones no les faciliten ayudas, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y afirmó que tiene que cambiar la relación con la industria, con la que recordó los cultivadores fueron en 1999 leales y llegaron a acuerdos para que la uva, cuando se pagaba más cara, no saliera de la región.
Torres manifestó, además, que el vino es un sector regulado ''y hay que hacer las cosas conforme a una normativa'', cuyo cumplimiento dijo que han abandonado las distintas administraciones, algo que señaló ''está haciendo que la incidencia de las crisis repercuta en la renta agraria''.
El secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, recordó a las administraciones que ''merece la pena hacer un esfuerzo presupuestario para competir en el mercado mundial'' y que si la administración autonómica, que recordó tiene las competencias en agricultura, hiciera un gesto para ayudar al sector, ''no nos temblaría el pulso para pedir lo mismo al Gobierno central''.
Por último, el portavoz de la sectorial de Vino de UCAMAN, Angel Villafranca, afirmó que ''las cooperativas tenemos claro que nuestro enemigo no está aquí dentro, sino fuera de España y fuera de la Unión Europea''.
Asimismo, señaló que UCAMAN está de acuerdo con que se cumpla la Ley y con que los agricultores que la cumplen cobren lo justo, aunque advirtió que ''las cooperativas no nos vamos a convertir en policías, porque la vigilancia la tienen que hacer las administraciones''.