ESPAÑA 27/02/2002
Los consejeros de Medio Ambiente de Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares mostraron su rechazo al documento sobre desarrollo sostenible, al considerar que no se ha consensuado con las comunidades, no fija objetivos temporales, ni tiene compromisos presupuestarios.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presentó este documento en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y destacó que esbozar una política de desarrollo sostenible para los próximos 25 años.
La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, rechazó que no se haya convocado ninguna Conferencia Sectorial para debatir el documento, así como la estrategia sobre desarrollo sostenible prevista por el Ministerio.
En su opinión, esta estrategia va dirigida hacia el crecimiento económico, ''a la ortodoxia economicista'' y confunde desarrollo sostenible con crecimiento económico.
Recordó que Andalucía puso en marcha en 1992 un plan de desarrollo sostenible para Doñana, con una inversión de 60.000 millones en diez años, para, entre otros asuntos, impulsar la agricultura ecológica y el turismo sostenible, y consideró ''inconcebible'' que no se haya consultado a la Junta sobre este plan.
El consejero de Castilla-La Mancha, Alejando Alonso, aseguró que el Gobierno tiene ''todo el apoyo'' de la comunidad para sacar adelante ''una buena estrategia de desarrollo sostenible para nuestro país''.
Expresó su deseo de que este documento sea ''sincero y riguroso'' y no se trate de un texto ''para cubrir el expediente y para dar tranquilidad a sus colegas europeos y no responda a un interés nacional''.
Mostró sus ''dudas'' porque el trabajo de coordinación se haya encomendado precisamente a la Secretaría General de Aguas, ''la más cuestionada desde el punto de vista ambiental'', y dudó también de que el documento ''pueda ser asumido por el conjunto del Gobierno''.
Alonso dijo que este texto necesita de un ''amplio consenso'' de participación en su desarrollo, instó a la participación de los agentes sociales y de la administración autonómica y local, y puso de manifiesto la necesidad de propiciar un debate científico.
En su opinión, el documento se centra ''demasiado'' en la versión económica, al proponer ''más de 300 medidas'' sobre estos aspectos, ''pero ni una sola para apoyar activamente la conservación y restauración de nuestra naturaleza''.
La consejera balear de Medio Ambiente, Margarida Roselló, recordó que su Gobierno ya pidió la retirada del documento para poder debatir la cuestión en profundidad para valorar la situación ambiental actual y cómo se quiere avanzar, aunque ello suponga ir sin documento ''a las importantes citas internacionales''.
Dijo que ''llega tarde'' y está ''a años luz de estar consensuado'' con comunidades, municipios y otras instituciones y se preguntó por el ''grado de permeabilidad'' que tendrán las alegaciones.
A su juicio, el documento es ''superficial y benevolente'' con la situación actual, cuando ''los problemas ambientales son muy tozudos y requieren de políticas activas, claras y concretas'', que incumben también a otros Ministerios.
Tras insistir en que el documento no realiza ''la diagnosis ambiental'', ni hace autocrítica, Roselló precisó que falta concreción en muchos de sus apartados, así como la temporalización de los objetivos, un estudio económico y compromisos presupuestarios, porque ''la voluntad política se tiene que expresar en partidas presupuestarias''.
Pidió que el documento plantee objetivos con fecha concreta, recoja el factor de la insularidad y refleje que las competencias ambientales también son de las comunidades autónomas.
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