ESPAÑA 02/12/2002
Los informes, ya aprobados por la comisión de Pesca de la Cámara europea, abarcan aspectos fundamentales de la reforma.
Dos han sido elaborados por el eurodiputado Daniel Varela (Partido Popular Europeo, PPE), y analizan aspectos estructurales y medidas para el desguace; y otro, de Salvador Jové (Izquierda Unitaria), estudia el acceso a los recursos.
El comisario europeo de Agricultura y Pesca, Franz Fischler, participará el próximo miércoles en el debate parlamentario acerca de la reforma pesquera, mientras que el voto de la Eurocámara sobre la reforma está previsto para el día siguiente, jueves.
La revisión de la PPC propuesta por la Comisión Europea en mayo, que los Quince deben aprobar antes de final de año, tiene como aspecto más polémico el final de las ayudas a la flota para fomentar una reducción del esfuerzo pesquero.
La comisión de Pesca exigió que se mantengan las ayudas ''para la renovación, la modernización, la exportación de buques y la creación de sociedades mixtas en países terceros'', según uno de los textos redactados por Valera.
Esta comisión parlamentaria rechazó también la reorientación de fondos prevista por la Comisión Europea.
Bruselas pretende que se reprogramen los fondos que recibe el sector procedentes del Instrumento de Financiación y Orientación Pesquera (IFOP) para el período 2000-2006 de manera que el dinero destinado a las ayudas vaya a parar a la demolición de barcos.
Aunque el dictamen del PE no es vinculante para la aprobación de la reforma, debe ser consultado antes de que sea ratificada por el Consejo de Ministros y, para los países que rechazan el final de las ayudas, como España, representa un respaldo político.
La continuidad de las subvenciones a la flota -que reivindican España, Francia, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y Finlandia- será el elemento clave de las negociaciones sobre la reforma que los Quince intensificarán en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE del mes de diciembre.
El PE votará también el informe sobre el acceso a los recursos, defendido por Jové, y en el que la comisión de Pesca pide que la gestión tenga en cuenta ''las consecuencias socio-económicas y el impacto en el sector pesquero''.
La comisión de Pesca apoyó que se mantuvieran las restricciones para la zona comprendida entre las 6 y 12 millas, de acuerdo con la Comisión Europea, y demanda la reducción de la presión sobre la pesca mediante límites al esfuerzo pesquero y en menor medida por una reducción de los Totales Admisibles de Capturas (TAC).
El texto aprobado por la comisión de Pesca sobre el acceso a los recursos suaviza algunas de las demandas del proyecto inicial presentado por Jové, que era más favorable a las reivindicaciones españolas, entre ellas la igualdad de acceso a los caladeros comunitarios.
