ESPAÑA 10/12/2002
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos canarias (COAG), Rafael Hernández, denunció los ''abusivos'' márgenes de beneficios que se aplican a los productos del campo isleños, de los que responsabilizó a las grandes superficies comerciales.
La implantación en el archipiélago de este tipo de comercios dependientes de grandes empresas multinacionales, que en teoría debía potenciar la competencia en beneficio del bolsillo del consumidor, ha derivado en un aumento de los porcentajes de ganancia de los distribuidores pero ha perjudicado a los compradores finales, los ciudadanos, aseguró Hernández en rueda de prensa.
Prueba de ello es que, ''si hace diez años, en Canarias, entre un 50 y un 70 por ciento de lo que pagaba el consumidor por un producto iba a parar al agricultor, ahora éste sólo percibe un 30 por ciento del coste final'', explicó.
El dirigente de la COAG recalcó además que el margen de beneficio de quienes distribuyen los productos del sector primario entre los usuarios finales es en muchos casos muy superior a ese 70 por ciento de media, ya que, por ejemplo, en la venta de calabazas el precio que se aplica al consumidor supera en un 345 por ciento el que se paga al cultivador, de 0,25 a 0,90 euros el kilo.
Otros productos a los que se aplica una subida ''importante'' y ''abusiva'' son, por ejemplo, las zanahorias importadas, cuyo precio aumenta un 370 por ciento, de 0,30 a 1,41 euros el kilogramo, o los tomates, cuyo coste se aumenta en un 209 por ciento, de 0,75 a 2,30 euros por kilo, detalló.
Rafael Hernández relató que, para obtener esas cifras, miembros de la COAG recorrieron este fin de semana establecimientos de cuatro grandes cadenas de distribución: Ahold, Alcampo, Carrefour e Hipercor.
Unos grupos que, además de repercutir negativamente en el coste de la cesta de la compra, ya que ''trasladan al consumidor los incrementos de precios que aplican los productores pero no las bajadas que se producen cuando bajan sus precios'', obligan también a los usuarios a comprar determinados bienes en detrimento de otros, como ocurre, según afirmó Hernández, con las ''papas del país''.
Unas papas que, entre los cuatro grupos sondeados, sólo vende Hipercor, mientras que los otros tres sólo distribuyen las procedentes del exterior, principalmente del campo británico, recalcó.
Por todo lo expuesto, el líder de la COAG consideró que las prácticas de las empresas que poseen grandes superficies comerciales deberían ser sometidas a un mayor control por parte de las autoridades, a fin de evitar que, de hecho, impongan subidas de precio unilaterales y apliquen ''prácticas monopolísticas''.
Como mecanismos que posibiliten ese control, Hernández consideró que el Gobierno de Canarias debe establecer un ''observatorio de precios agrícolas y ganaderos'', como el que posee ya el Estado para medir las diferencias de la evolución de los precios en origen y de los que paga el consumidor, y ''una Ley del Comercio que haga más transparente el proceso de subidas que aplican los distribuidores''.
Unos mecanismos que el dirigente agrícola recordó que ya existen en otros países de la Unión Europea, como Francia, y que insistió en que son ''imprescindibles y urgentes'' en las islas, donde -afirmó- ''no es de recibo lo que está pasando, porque los márgenes de beneficios de los distribuidores no son normales, son claramente abusivos''.
