ESPAÑA 17/12/2002
La Comisión Europea presentó una propuesta para las negociaciones agrícolas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que persigue una mayor apertura de los mercados y una reducción de las medidas de apoyo que distorsionan los intercambios comerciales.
El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, dijo en una rueda de prensa que los principales elementos de la propuesta son: una reducción del 36 por ciento de los derechos de aduana a la importación y una disminución del 45 por ciento de las subvenciones a la exportación.
Asimismo, se contempla una reducción del 55 por ciento de los apoyos internos a la agricultura que distorsionan el comercio, a condición de que la carga sea compartida entre los países desarrollados.
La propuesta del Ejecutivo comunitario también incluye medidas específicas para mejorar la posición de los países en desarrollo, con un acceso libre de tarifas y cuotas para todas las exportaciones agrícolas de los países más pobres.
De igual forma se propone que los países ricos den acceso libre de impuestos al menos al 50 por ciento de las importaciones procedentes de los países en desarrollo.
La creación de una ''caja de seguridad alimentaria'' supondrá la existencia de medidas que favorezcan el desarrollo y aseguren el mantenimiento de cosechas de seguridad gracias a un mecanismo especial.
La propuesta también destaca la importancia de los aspectos no comerciales de la agricultura, tales como la prevención del medioambiente, el desarrollo rural y el bienestar animal.
La UE indica que las nuevas propuestas sean ejecutadas en un periodo de seis años por los países desarrollados y de diez para las naciones en desarrollo, a partir de 2006.
Fischler dijo que esta propuesta ''valiente y realista'' respeta el calendario y los objetivos fijado en la Agenda del Desarrollo de Doha, acordada en la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en esa ciudad en noviembre de 2001.
Tanto él como el comisario de Comercio, Pascal Lamy insistieron en que esta propuesta ''se puede hacer sin que tengamos que pensar en nuevas reformas de la Política Agrícola Común y sin su revisión medio plazo''.
Lamy agregó que ''no vamos más allá de lo que es posible hoy'' y no se anticipa la reforma agrícola de la UE, que aún está en discusión en el seno de los Quince.
El comisario dijo que si se aprueba esa reforma, ''quizás haya un margen de maniobra suplementario, que podrá usarse o no, en función del comportamiento de los otros actores''.
Fischler dijo que ''nuestra voluntad de reducir a la mitad las subvenciones agrícolas que falsean los intercambios (comerciales), de suprimir las restituciones a la exportación para ciertos productos y de disminuirlas para otros no debería ser subestimada''.
Para mejorar el acceso al mercado de los productos agrícolas, la Comisión propone una fórmula de reducción de los derechos de aduana de un 36 por ciento de media y una disminución mínima del 15 por ciento por línea tarifaria.
Para la Comisión, esta propuesta servirá al objetivo de ''compartir las cargas'' entre los países desarrollados, que ofrecerían también una cierta flexibilidad para las naciones en desarrollo.
La UE es el primer importador mundial de productos agrícolas (60.000 millones de euros en 2001) y el primero en alimentos procedentes de países en desarrollo (38.000 millones de dólares en 2001).
El Ejecutivo comunitario propone una reducción del 45 por ciento de todas las formas de subvenciones a la exportación, bajo la reserva de que todas ellas sean tratadas de la misma manera.
Además, la UE está dispuesta a suprimir toda ayuda a la exportación de algunos productos importantes para los países en desarrollo, como el trigo, las oleaginosas, el aceite de oliva y el tabaco, a condición de que ningún miembro de la OMC dé ninguna forma de subvención a estos productos.
Los Quince también contemplan una reducción del 55 por ciento de los apoyos agrícolas internos que generan distorsiones al comercio, a partir del nivel fijado en Ronda Uruguay.
En cuanto a la ayuda alimentaria a los países pobres, la Comisión europea considera que sólo debe darse a grupos vulnerables bien definidos o para responder a situaciones de urgencia o crisis humanitarias y no servir para eliminar los excedentes alimentarios de las naciones ricas.
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