ESPAÑA 05/11/2002
Las juntas de Extremadura y Andalucía desarrollarán en ambas comunidades autónomas a partir de esta semana una campaña institucional para explicar las características del PER y del subsidio agrario, y combatir la ''leyenda negra'' existente sobre ellos, anunció en Mérida el vicepresidente extremeño, Carlos Sánchez Polo.
Sánchez Polo presentó esta campaña en Mérida junto al consejero de Presidencia de Andalucía, Gaspar Zarrías.
La Junta extremeña prolongará la campaña durante un mes, aproximadamente, con un gasto de unos 120 euros, mientras que la andaluza invertirá uno millón de euros en un lapso similar.
Según el vicepresidente del Gobierno extremeño, se trata de que el Gobierno central ''restablezca lo que ha quitado'', tras lo que, dijo, estarían dispuestos a dialogar sobre la reforma del sistema.
En su opinión, ante la ''agresión'' que, señaló, suponen las restricciones al sistema, los gobiernos andaluz y extremeño se han puesto de acuerdo para ''defender'' a sus regiones.
Para esto, han diseñado dos campañas, cada una con contenidos propios para cada comunidad pero con un mensaje común, abogar por el mantenimiento del PER y del subsidio agrario, de los que subrayó que han posibilitado el desarrollo social y económico de los pueblos, y han evitado una nueva emigración rural hacia las ciudades.
Serán ''explicativas'' y contarán con lemas como ''Nadie nos ha regalado nada'' y ''¿Por qué volver atrás?''.
Sánchez Polo agregó que la decisión del Gobierno supone ''la pérdida de derechos de los ciudadanos'' y que provocará ''un efecto en cadena'' que perjudicará a las rentas de lasa familias y, luego, a los comercios y a las industrias, que sufrirán en descenso del consumo.
También se dañará al ''desarrollo sostenible'' de estas localidades ya que, argumentó, hará inútiles los ''esfuerzos'' de los gobiernos autónomos por dotarles de servicios e infraestructuras.
Por su parte, Zarrías, afirmó que las políticas ''antisociales'' del Gobierno central perjudican ''de nuevo'' a Extremadura y a Andalucía.
Subrayó que el Ejecutivo se empecina en mantener su medida de suprimir el PER mientras que ha cambiado otros siete puntos de la reforma laboral, y que, en esta línea, los dos gobiernos regionales consideran imprescindible ''dar a conocerlo'' mediante unas campañas ''informativas''.
Zarrías argumentó que desde 1982 el PER ha supuesto para los pueblos vivir ''con dignidad'' ya que ha proporcionado ''complementos de renta'' que han evitado tener que emigrar y ha fomentado el surgimiento de nuevas actividades económicas al margen de las agrarias.
Agregó que, de llevarse a cabo la supresión del Plan de Empleo Rural, las ciudades sufrirán las consecuencias de una nueva fase de emigración rural.
También advirtió de que el PP sufrirá ''muchísimos problemas'' para elaborar sur listas electorales en los municipios rurales y que los alcaldes populares serán ''los paganos'' de la decisión del Gobierno.
