ESPAÑA 07/11/2002
La Comisión Europea propuso reprogramar 611 millones de euros de los fondos ya previstos para el sector pesquero, para que el importe que se destinaba a las ayudas a la flota financie el desguace y las medidas sociales previstas en la reforma pesquera, informaron fuentes comunitarias.
Para España, la reprogramación podría ascender a más de 440 millones de euros, según cálculos.
El Ejecutivo comunitario presentó un plan de acción en el que se identifican las consecuencias económicas, sociales y regionales que tendrá la reestructuración pesquera en el contexto de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).
El plan se basa en redistribuir los fondos del Instrumento de Financiación y Orientación Pesquera (IFOP) de manera que dejen de financiarse las ayudas a la modernización, a la construcción de nuevos barcos y las sociedades mixtas y el dinero para estos fines vayan a parar a medidas sociales y a reducir la flota.
En la programación actual, la UE tiene asignados 1.060 millones de euros para subvenciones a la modernización, a la renovación, sociedades mixtas y exportación; España cuenta con 666 millones de euros.
Con el plan de Bruselas, aproximadamente dos tercios de esas cantidades irían a parar a las medidas sociales, lo que ronda los 611 millones de euros en toda la UE y 440 millones de euros en España, según las fuentes.
La Comisión Europea estima que actualmente, sólo el 3 por ciento del importe total de ayuda financiera prevista en el IFOP (3.701 millones de euros) está programado para medidas sociales, pero la modernización y la renovación de la flota acaparan el 22 por ciento.
Además, algunos países como Alemania, Irlanda y Reino Unido no tienen programado presupuesto para medidas sociales.
Con este plan, la Comisión Europea ''ha afinado'' sus cálculos sobre el impacto de la limitación del esfuerzo pesquero propuesto en mayo, cuando se hizo pública la comunicación sobre la reforma pesquera.
Bruselas propuso una reducción del 40 por ciento del esfuerzo pesquero y, para ello planteó que dejaran de faenar 8.600 barcos comunitario (1.326 españoles) y la supresión de unos 28.000 empleos.
La Comisión Europea insistió en que, tras consultar con los Estados miembros bilateralmente, incluido España, ''ha confirmado que no es posible hacer una estimación real del número de empleos afectados'' y las cifras que hizo públicas en mayo ''son sólo una estimación para poder calcular el coste financiero de la reforma''.
Las fuentes señalaron que la reducción de puestos de trabajo, en la práctica, ''no sería efectiva'' porque ''ya hay zonas de la UE donde escasea la oferta de trabajadores en el sector pesquero y deben reclutar a los empleados en países terceros''.
Las medidas propuestas serían usadas por los Estados miembros para aliviar las consecuencias a corto plazo que tendrían en la flota las acciones de conservación.
La Comisión Europea propuso un trato específico en favor de los buques artesanales, como la reserva de la zona de las 12 millas y la ''adaptación del régimen de ayudas estructurales a la necesidades de esta flota, con el fin de mantener el empleo en las áreas costeras''.
Otras medidas previstas son la mejora de las condiciones de vida del sector y de la protección social; medidas para ayudas a los jóvenes pescadores y la diversificación de actividades para los pescadores que combinen la pesca con otros trabajos.
El comisario de Pesca, Franz Fischler, manifestó, en un comunicado, que ''existen fondos suficientes'' para compensar las consecuencias sociales de la falta de recursos pesqueros, ''pero los Estados miembros tienen que hacer uso de ellos''.
Fischler advirtió de que ''si a final de año no hay acuerdo sobre la reforma pesquera, las ayudas a la modernización de la flota previstas dentro del IFOP cesarán automáticamente'', porque el actual Programa de Orientación Plurianual (IV POP) para la flota concluye en diciembre.
Respecto a la posibilidad de una prórroga, las fuentes resaltaron que ''no existe base legal para ello'', porque el cuarto POP, previsto en principio para 1997-2001 fue prorrogado un año en espera de que se aprobara una reforma pesquera.
Esa prórroga debería aprobarse por unanimidad, mientras que la reforma requiere una mayoría cualificada.
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