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Andalucía-agricultura-Olivar: La Junta de Andalucía, dispuesta a trabajar con el MAPA tras homologar el SIG

La Junta de Andalucía ''está en la mejor disposición'' para ''trabajar con el Ministerio de Agricultura'' en la transferencia del Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola ''cuando sea homologado por Bruselas'' ...

ESPAÑA 11/11/2002


La Junta de Andalucía ''está en la mejor disposición'' para ''trabajar con el Ministerio de Agricultura'' en la transferencia del Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola ''cuando sea homologado por Bruselas'', afirmó el consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata.

Plata, que se reunió en Málaga con la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, explicó en rueda de prensa que este sistema es gestionado por el Ministerio, al que el gobierno andaluz le ofreció su colaboración, aunque ''prefirió conveniar con las organizaciones productoras''.

En la actualidad, está abierto un ''proceso de homologación'' de este sistema, y la Junta ''empezará a trabajar con el Ministerio para esta transferencia cuando sea homologado'', según Plata, que respecto a la existencia de 24.800 de olivareros andaluces a los que no se les ha reconocido sus discrepancias respecto a los datos contenidos en el SIG, dijo que esas discrepancias ''deben resolverse''.

El titular andaluz de Agricultura también señaló que en la Comisión Mixta de Transferencias tendrá que estudiarse el costo de la misma, y recordó que el SIG ''no ha sido gestionado por ninguna comunidad autónoma''.

Este sistema de información oleícola tiene como objetivo referenciar cada olivo según cinco variables, correspondientes al propietario, a la antigüedad y, las tres restantes, a la localización espacial, explicó Plata.

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, dijo en Jaén que de los 307.000 olivareros censados en Andalucía, 282.000 ''tienen garantizadas totalmente las percepciones'' de subvenciones comunitarias a la producción de aceite.

Los 24.800 olivareros con discrepancias son aquellos a los que ''no se les ha reconocido el derecho que reclaman por no poder conseguir acreditarlo'' por lo que, según Lamela, tendrán problemas a partir del próximo año a la hora de cobrar las ayudas comunitarias.


 

 



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