ESPAÑA 15/10/2002
El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca analiza los aspectos de la revisión de la PAC relativos a los frutos secos, el arroz, la leche y las auditorías agrícolas.
La Comisión Europea quiere aplicar auditorías para las explotaciones que reciben más de 5.000 euros al año en pagos directos, con el fin de supervisar que se cumplen requisitos como el bienestar animal o la protección del medio ambiente.
Varios países, entre ellos España, Portugal y Austria, manifestaron que los criterios para implantar esa medida ''son demasiado rígidos'' y, especialmente, criticaron que se vean afectados los agricultores que obtienen a partir de 5.000 euros.
España pidió que las auditorías se apliquen a las empresas agrícolas que reciben más de 10.000 euros en subvenciones directas, según fuentes comunitarias.
Un punto importante de discusión es la confrontación entre competencias nacionales y comunitarias y la duda sobre si el papel de esas auditorías será ''de asesoramiento o de control obligatorio''.
El comisario de Agricultura, Franz Fischler, explicó que ''no se trata de un control policial'', sino de asesorar al agricultor, según su portavoz, Gregor Kreuzhuber.
Añadió que ''sólo se aplicarían controles en casos ''graves'' como por ejemplo, en la detección de un caso de vacas locas no comunicado a las autoridades sanitarias''.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, entregó al comisario del ramo, Franz Fischler, un estudio sobre el impacto que puede tener en la agricultura española la revisión propuesta por Bruselas, cuyos puntos más polémicos son la reducción de pagos directos y la desvinculación de las ayudas de la producción.
Arias señaló que si se aprueba esa reforma, en España será ''espectacular'' por que 1.500.000 hectáreas de cereales dejarán de cultivarse y se perderán 1.700.000 jornales.
El estudio analiza la repercusión de la reforma tanto en herbáceos, como el oleaginosas, proteaginosas y en el sector arrocero.
España pide para el sector arrocero una ayuda de 201 euros y que se modifique el sistema de penalizaciones, pues con el régimen que se quiere implantar supone que con una mínima superación de las cantidades asignadas por la UE se elimine la ayuda.
En cuanto a frutos secos, Arias reconoció que la defensa de una ayuda adecuada ''es compleja'' porque no es una regulación de mercado ''universal'' que afecte a toda la UE, pero confió en que ''la sensibilidad sobre el papel ambiental del cultivo esté a nuestro favor''.
España rechaza la cofinanciación propuesta por Bruselas para las ayudas a los frutos secos.
Los Quince analizaron, durante un almuerzo, las perspectivas para las negociaciones agrícolas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En este sentido, la Comisión Europea considera que la desvinculación de las ayudas de la producción prevista en la reforma ''es un elemento positivo'' para abordar dichas negociaciones.
Por otro lado, los Quince aplazaron la única decisión prevista para el Consejo, acerca de un conjunto de medidas para combatir la salmonella y otras zoonosis (enfermedades que se transmiten del animal al hombre), debido a la falta de acuerdo sobre su financiación.
España, Italia, Grecia y Portugal impidieron la aprobación de una propuesta para combatir esas enfermedades, porque consideran que en dicho proyecto ''no hay un compromiso para garantizar que esas medidas tendrán una financiación adecuada''.
Los Quince volvieron a discrepar también sobre el procedimiento de autorización de transgénicos, sobre la presencia accidental de estos organismos en alimentos y piensos y también acerca del porcentaje a partir del cual se debe aplicar un etiquetado obligatorio.
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