ESPAÑA 23/10/2002
La reforma de la Política Agraria Común (PAC), planteada por la Comisión Europea, supondrá, en el conjunto del Estado español, la reducción de 1.700.000 hectáreas de cultivos y la pérdida de 1.700.000 jornales, lo que representa unos 170 millones de euros.
Así lo manifestó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la apertura de una jornada dedicada al Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural en Aragón, en la que participó junto al consejero de Agricultura del Gobierno autonómico, Gonzalo Arguilé, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Eduardo Ameijide.
En su intervención, el ministro reiteró su rechazo a la reforma de la PAC y se mostró partidario de cambiar la modulación para que no disminuyan los márgenes brutos de explotación y evitar que las ayudas sean totalmente ''desacopladas''.
De esta manera, indicó, se evitaría la paradoja de que los agricultores cobren por no producir, dejen de abastecer a las cooperativas de la industria agroalimentaria y abandonen la conservación del paisaje.
Arias Cañete apuntó que la reforma de la PAC implicará la pérdida de 370.000 hectáreas de cultivo en Aragón y la desaparición de todo el cultivo del arroz en esta Comunidad Autónoma.
Se refirió a la vulnerabilidad de algunas agriculturas regionales que tienen una fortísima dependencia de las ayudas comunitarias, como es el caso de Aragón, donde casi el 40 por ciento de la renta agraria depende de esos fondos.
Por otra parte, precisó que el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural ''va a velocidad de crucero'' y estará concluido en la primavera del 2003.
Para Arias Cañete, el Libro Blanco recogerá un análisis integral de la agricultura española y de las distintas autonomías, así como propuestas de estrategia a corto, medio y largo plazo, ''que gocen de un amplio consenso de toda la sociedad y de todas las comunidades autónomas y que se pongan en marcha desde la coordinación y la lealtad institucional''.
Entre las conclusiones, habrá ''sorpresas'', adelantó el titular de Agricultura, en cuanto al censo agrario, al tamaño de las explotaciones, al número de agricultores a título principal que existen y a las orientaciones productivas del sector ganadero hacia agriculturas muy intensivas.
No obstante, añadió, se trata de indicadores de tendencia, ya que hay que terminar el análisis de las aportaciones derivadas de una enorme participación de la sociedad, de la Universidad y de las organizaciones profesionales agrarias, sobre todos los capítulos de la estructura agraria española, las políticas agroindustriales, el fomento del cooperativismo, la fiscalidad en el campo ó los sistemas de arrendamiento.
Arias Cañete dijo que una de las conclusiones es que los agricultores demandan una legislación más flexible para poder adaptar su capacidad productiva a las preferencias de los mercados con rapidez y con eficacia, lo que conducirá a que el Libro Blanco tenga un amplio desarrollo legislativo posterior.
Entre las ''sorpresas'', comentó, hay muchos perceptores de ayudas agrarias pero no todos son agricultores a título principal con la agricultura como principal fuente de ingresos y con trabajo, residencia y hábitat en el medio rural.
Cuando se diseñan políticas agrarias destinadas a los agricultores y a fijar población en el medio rural, agregó, hay que tener en cuenta que, de un millón de agricultores existentes en España, poco más de 350.000 tienen como fuente principal o única de ingresos la agricultura, mientras que los otros no son agricultores de dedicación exclusiva, sino a tiempo parcial, complementarias de otras actividades o de fin de semana.
Además, señaló, aparecen sectores con fuerte protección de ayudas comunitarias y otros mucho más competitivos sin ayudas comunitarias y mucho más intensivos en mano de obra como el de frutas y hortalizas o los viñedos.